En el cónclave llevado a cabo desde horas de la tarde en un hotel de Providencia, miembros del gabinete de la Presidenta Bachelet, y los presidentes y autoridades de los partidos de la Nueva Mayoría, plantearon una serie de medidas para proyectar el panorama político del Gobierno, en medio de la crisis que afecta a la clase política. Una de las resoluciones dadas a conocer por el ministro Peñailillo es la flexibilización de la fecha para sacar adelante la agenda legislativa: el 31 de agosto de este año.
Complicados se han visto las autoridades en el Palacio de La Moneda al ser preguntados por los nuevos antecedentes relacionados a dos cuestionados operadores y recaudadores cercanos a la Nueva Mayoría: Giorgio Martelli Robba y Jorge Rosenblut Ratinoff. En este marco la Presidenta Michelle Bachelet firmó una Reforma Constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia electoral, mientras que el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo continúa con la ronda de reuniones para abordar la agenda de Transparencia y Probidad.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado (PPD) y experto electoral, Pepe Auth, sostuvo que es necesario que se esclarezcan desde el punto de vista judicial, las responsabilidades que les pudieran caber a los parlamentarios y personeros políticos que han sido involucrados en la arista SQM del llamado caso Penta.
El Ministerio Público “va a investigar todo”, aseguró el Fiscal Nacional Sabas Chahuán al comentar las declaraciones del director del SII quien reiteró que no se investigará a políticos por delitos tributarios. De todas formas hay un emplazamiento, ante la ratificación de Michel Jorrat en el ente fiscalizador, a que las acciones en la arista SQM sean igual de rigurosas que en el Caso Penta, pero que además se investiguen los eventuales delitos de soborno y cohecho.
“Que los corruptos no decidan lo que Chile necesita” es la consigna que los estudiantes secundarios, universitarios, profesores y otras organizaciones sociales que decidieron unirse y protestar contra la corrupción instalada por los casos Penta, SQM y Caval, este jueves desde las 11 de la mañana en Plaza Italia. Más allá de sus demandas tradicionales, los diferentes actores apuestan por una convergencia que empuje a la ciudadanía a lograr cambios de fondo, tanto en la Constitución, como en el sistema imperante.
El sitio online de The Clinic publicó que el ministro del Interior entregó boletas a la empresa de Giorgio Martelli, quien ha reconocido haber recaudado fondos para diversa campañas políticas, en enero, febrero, marzo y mayo de 2012, por un monto total de 4 millones de pesos. Si bien el jefe de gabinete reconoció esta situación, sostuvo que efectivamente ejerció labores para esa empresa: “Yo trabajé durante cuatro meses en una empresa de Giorgio Martelli en mi calidad profesional y como magister en análisis político”.
La Presidenta Michelle Bachelet, confirmó que el actual director interino del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, continuará ejerciendo el cargo luego de proceso llevado a cabo a través de la Alta Dirección Pública. La ratificación se produce en medio de los cuestionamientos a Jorrat, por la emisión de boletas a una empresa vinculada a Soquimich.
Analistas políticos expusieron sus reparos ante los primeros pasos que está dando la llamada salida institucional a la crisis política, en el marco de la cual hoy se reunieron algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría y de la Alianza en La Moneda. Los expertos critican la composición de las comisiones pro transparencia que se han creado, así como la exclusión de la ciudadanía de estas iniciativas, las que deberían incluir la consulta por una nueva Constitución Política para Chile.
El Ministerio Público solicitó las tres primeras formalizaciones en el marco de la llamada arista SQM, en contra del ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, el ejecutivo Luis Saldías y el abogado Roberto Guzmán. El día en que se llevará a cabo esta diligencia será confirmado en las próximas horas.
Hace unos diez días comenzó un esfuerzo concertado de las elites por retomar el control de la agenda política. La arremetida comenzó el fin de semana ante pasado y tuvo sólo tres breves actos: primero, traspasar las responsabilidades de la actual crisis política al Ministerio Público; segundo, culpar a la prensa por un clima de “caza de brujas” y, acto final, presentar a la clase política unida. Pero fue la crónica de una muerte anunciada.
La comisión de probidad y transparencia del Senado comenzó sus funciones con críticas de parte del contralor Ramiro Mendoza -en su último día en el cargo- quien señaló que las instituciones del Estado buscan su autonomía constitucional sólo para sacudirse del control y escrutinio público frente a sus acciones. Además enfatizó en la necesidad de que se regule el paso desde el servicio público al empresarial. Mientras que el presidente de la DC, Ignacio Walker hizo hincapié en que la corrupción no sólo se da a nivel del Estado, sino también en el ámbito privado.
Fernando San Román, jefe comunal de Tocopilla, sostuvo en conversación con nuestra emisora, que la razón por la que decidió cortar todo tipo de relación con SQM, empresa que realizaba algunos pequeños aportes económicos y sociales a la ciudad, según San Román, ya que quiere “dar una señal de dignidad ante una empresa que nos ha faltado el respeto”.
En conversación con corresponsales extranjeros, en el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que no ha pensado en renunciar ni lo hará, ante los rumores que aseguran que la Mandataria habría barajado la posibilidad de dejar el cargo. Además, se refirió al caso Caval, sostuvo que no tuvo conocimiento de la reunión entre su hijo, Sebastián Dávalos, y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic en donde la empresa consiguió el crédito por 6 mil 500 millones de pesos para la compra de los terrenos en Machalí.
El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana rechazó el oficio presentado por un grupo de militantes del partido, encabezados por Ricardo Hormazábal tendiente a que los miembros del partido que están involucrados en la emisión de boletas falsas a SQM, suspendieran voluntariamente su militancia. La negativa del TS se fundamentó en la presunción de inocencia, y que de haberse acogido el escrito se habría afectado “la honra de las personas”.
La diputada (PC) Camila Vallejo, en conversación con Radio Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de que se genere un acuerdo para subsanar los efectos de la crisis política que han ocasionado los llamados casos Penta y SQM, y Caval, posibilidad que ha sido enarbolada por distintos actores, tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría. La parlamentaria rechazó de manera enfática cualquier intento de bloqueo a la investigación de la Fiscalía en estos casos.
El oficialismo, casi en su totalidad, solicitó al Ministerio Público que acote el tiempo en su investigación en el marco del caso Penta y SQM, luego de finalizar uno de los comités políticos más tensionados del último tiempo. Los presidentes del oficialismo descartaron que esto signifique una amnistía o un “perdonazo”, pero sostuvieron que es necesario que la Fiscalía actué con rapidez y así evitar que se genere una ola de rumores y un ambiente de incertidumbre en el país.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami se refirió a la crisis política que el país está atravesando, producto de las revelaciones surgidas de los casos Penta, SQM y Caval, y que incluso llegaron a su círculo más cercano, con las boletas entregadas por su asesor Cristián Warner a la empresa de Julio Ponce Lerou, y la mención a su padrastro, Carlos Ominami, a través de la fundación Chile 21. ME-O descartó haber recibido financiamiento de parte de Soquimich, y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos, y de manera absolutamente transparente.
