Mientras que parlamentarios de todas las tendencias se mostraron a favor de endurecer las sanciones penales y económicas para los casos de colusión, como el CMPC y SCA, el Fisco comunicó que evaluará posibles pérdidas por compras por 41 millones de dólares en papel higiénico desde 2007.
En tanto, Sernac pide compensación para los consumidores, mientras el Ministerio de Economía confirmó la suma urgencia para el proyecto de ley que pena con cárcel los actos de colusión
Los diputados Silber y Farcas presentaron ante la Fiscalía la denuncia, para poder llevar adelante acciones paralelas a las que sigue la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
El empresario dueño de CMPC concedió una entrevista a El Mercurio donde se exculpa de toda responsabilidad en el denominado cartel del confort. La idea del empresario es limpiar su imagen, para poder seguir formando parte de los grandes círculos empresariales del país.
Como uno de los mayores casos de colusión detectados en el país, calificó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la concertación de precios realizada durante más de diez años entre las más grandes empresas papeleras del país: CMPC, controlada por la familia Matte y SCA. Entre los individualizados por el requerimiento presentado por la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se encuentra Gabriel Ruiz-Tagle, ex dueño de PISA (actual SCA) y ex subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera.
Rosa Egnem es acusada de encubrimiento en el caso de la masacre de un grupo de obreros de la CMPC y de Ferrocarriles de las ciudades de San Rosendo y Laja ocurrido poco después del golpe de Estado de 1973.
El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Transporte Forestal se refirió a la movilización llevada a cabo por los dueños de camiones que desfilaron frente a La Moneda. Además, aseguró que “da pena ver cómo los pobres apoyan a los que explotan”.
Un informe internacional ubica a Chile entre los cinco países de la región con mayor fuga de dineros hacia paraísos fiscales, en los últimos 40 años, con una cifra que supera los cien mil millones de dólares. Las principales fortunas del país registran empresas en estas islas, y los expertos apuntan a una legislación blanda que tampoco protege la inversión local.
