Luego del despacho al Senado de la iniciativa que modifica la Ley N° 21.325, agrupaciones de migrantes y feministas emitieron una declaración en la que señalan que el proyecto consagra medidas en contra de las infancias y mujeres migrantes.
Si bien se destacan algunos esfuerzos en la materia, para Francis Valverde de ACHNU aún no están las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, pues “el Estado todavía responde de manera represiva y coercitiva”.
“No sabemos si realmente se quiere atacar la delincuencia o a la migración”, afirmó Magaly Ávila desde la Corporación Colectivo Sin Fronteras. Mientras tanto, opinan expertos, problemas de fondo como la vivienda quedan aún sin resolver.
“El actual gobierno ha heredado la crisis migratoria más grave de los últimos años y lejos de permitir que esta administración pueda ir gestionando esta crisis, están poniendo más trabas desde distintos ámbitos”, destacó la experta.
Durante la Conferencia Internacional del Campus Global de Derechos Humanos, realizada en Nepal, se discutieron las amenazas que afectan a este grupo y que se han visto acrecentadas durante la pandemia.
La Corporación Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile dieron a conocer que cerca de mil menores de edad viven en el país sin acceso a salud, educación y otros derechos fundamentales.
El tema de los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación irregular fue trascendental en el debate por la nueva Ley de Migración y, en las últimas semanas, ha motivado una campaña de regularización propuesta por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que ya lleva el registro de 400 menores de edad.
En el marco de la presentación de la propuesta del Ejecutivo por una nueva Ley de Migraciones, que se espera se realice esta semana, organizaciones de inmigrantes pidieron que se establezca una nueva institucionalidad y se trabaje en reducir la discriminación hacia los extranjeros. Además, solicitaron que no se restrinja el sistema de visas.
