El diputado de la DC Gabriel Silber, uno de los primeros querellantes cuando se destapó el escándalo por la colusión de las farmacias reconoció que los acusados no van a ir a la cárcel y que las penas para los delitos de “cuello y corbata” son muy bajas. En tanto, desde los consumidores se enfatizó la importancia de la demanda civil que busca la devolución de los dineros a los miles de afectados con cargo al patrimonio de las cadenas farmacéuticas por 27 mil millones de pesos.
La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) presentó una demanda colectiva contra las cadenas farmacéuticas Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand. El requerimiento busca que estas empresas reparen a las personas afectadas por la colusión de precios, efectuada entre 2007 y 2008, por una cifra no menor a los 27 mil millones de pesos.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la propuesta del Ministerio Público y decretó la suspensión condicional del procedimiento contra los 10 imputados del caso “colusión de las farmacias”. La adulteración fraudulenta de precios en la que incurrieron estas personas sólo será sancionada con una compensación económica, ascendente a 250 millones de pesos en total, y una serie de requisitos conductuales.
