La decisión del máximo tribunal de Justicia deja en manos del Comité de Ministros el rechazo o aprobación del polémico proyecto que lleva más de 10 años en tramitación, desde que se presentó su Estudio de Impacto Ambiental en 2013.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, detalló que el costo asociado al plan es de más de U $1.000 millones a ejecutarse en un plazo de 5 años.
