Uno de los voceros de la Coordinadora No + AFP, Esteban Maturana, afirmó que la titular de Trabajo miente al señalar que la propuesta de la organización es imposible de implementar. Además convocó a la ciudadanía para el plebiscito que se hará el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre.
Presidente del gremio, Esteban Maturana, emplazó al Gobierno para que implemente con urgencia medidas para terminar con las agresiones hacia los trabajadores del sector. Mientras, la Ministra de Salud, Carmen Castillo, lamentó las situaciones de violencia.
El presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipaliza, Confusam, justificó el llamado a paro hecho por los trabajadores debido a los constantes episodios de violencia a la que se han visto expuestos. “Somos nosotros quienes tienen que dar la cara por la mala calidad de la salud chilena, no las autoridades”, señaló.
Las organizaciones presentaron una acción con el objetivo de anular las elecciones que se realizaron este martes y que dio por ganadora a la dirigenta Bárbara Figueroa.
Se mantienen las tensiones al interior de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por su fallido proceso electoral. La semana pasada el Tribunal Electoral ordenó llevar a cabo un nuevo proceso de votaciones internas. Sin embargo, el sector disidente de la CUT cuestionó que se llame a elecciones con la dirigencia transitoria a cargo y algunos gremios han pedido que renuncie Bárbara Figueroa y Nolberto Díaz.
En tanto, Esteban Maturana emplazó a la actual directiva de la CUT a dejar sus cargos y realizar un nuevo congreso refundacional.
Este 1 de mayo los trabajadores se manifestaron mediante dos marchas en Santiago. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, llamó a no dramatizar las discusiones. En tanto, desde la Confusam calificaron de ilegal a la directiva de la multisindical, razón por la cual decidieron restarse de su convocatoria.
El monto es uno de los principales acuerdos alcanzados entre el Gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada. Con este compromiso, entre otros, la Confusam depuso el llamado a paro para este lunes y martes.
Este lunes se reunieron la Confusam, el Ministerio de Salud y la Asociación Chilena de Municipalidades tuvieron la primera de tres reuniones de esta semana para abordar los nudos críticos que plantean los funcionarios de la salud municipal y que los llevó a convocar a un paro nacional el próximo 25 y 26 de abril. “Intentaremos buscar condiciones que nos permitan retomar el camino de la normalidad en salud municipal”, señaló Esteban Maturana.
Después de una controvertida votación, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales descartó una posible desafiliación a la multisindical y comprometió su participación en las elecciones directivas de la central el próximo 20 de abril.
La movilización busca exigir al Ejecutivo que cumpla con el Protocolo de Acuerdos establecido con el Mineduc. El presidente del organismo, Esteban Maturana, manifestó que las acciones de los trabajadores de la salud municipal apuntan “a presionar al gobierno, no a los usuarios”.
La marcha se llevará a cabo en distintos puntos del país, de Arica a Magallanes. Desde el movimiento señalaron que buscan que esta manifestación se convierta en la más grande de los últimos años.
Críticas desde el mundo sindical generó la decisión de la CUT de seguir aplicando el sufragio indirecto para la repetición de las elecciones de directiva nacional en abril próximo. “Lo único que se hizo aquí fue garantizar la continuidad en sus cargos de quienes van a postular nuevamente a la dirección nacional de la CUT”, acusó Esteban Maturana, dirigente de la Salud Municipal.
Como “falaz y engañoso” calificó el abogado Roberto Ávila el argumento de la Asociación de AFP que fundamenta el recurso presentado por el gremio para pedir el sobreseimiento del proceso abierto en su contra por las millonarias pérdidas que registró el Fondo E en noviembre del años pasado. “Hay una opacidad completa respecto del portafolio de inversiones de las AFP”, aseguró el jurista.
Funcionarios públicos aseguraron que frente a eventuales intentos de regulación de la negociación colectiva o el derecho a huelga, los cuales ejercen de facto ya que no están consagrados en las leyes, prefieren seguir en el estado actual ya que de ser integrados a la normativa que rige a los sindicatos privados perderán poder de negociación.
Desde las organizaciones de trabajadores del Estado repudiaron los descuentos a sus salarios que se les están aplicando a las funcionarias de la Junji, cuestión que calificaron como “violencia hacia la mujer” y una forma de castigo hacia quienes participaron de las movilizaciones por el reajuste al sector público.
Organizaciones sociales cuestionaron las reales posibilidades del Ejecutivo de aprobar las reformas consideradas emblemáticas y prioritarias por el oficialismo. Desde la falta de piso político hasta la real voluntad de cumplir con el Programa en lo que queda de administración, fueron puestas en entredicho.
