El dirigente de la Federación de Manipuladoras de Alimentos sostuvo que el consorcio uruguayo fue condenado por prácticas antisindicales, algo que contraviene la Ley de Compras Públicas.
En la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados acusaron que 400.000 niños en el país no están recibiendo alimentación en los establecimientos educacionales y que a las trabajadoras no les entregan implementos para sus funciones.
