Por primera vez en Chile las dos principales autoridades del país, tanto la Presidenta de la República como la presidenta del Senado, serán mujeres. La interrogante es si esta mayor presencia femenina en cargos de poder tendrá o no un correlato en las políticas públicas, con miras a la equidad de género. Desde las organizaciones civiles, apuntan a importantes retrocesos durante el actual Gobierno y señalan desafíos en materia de violencia, empleos y derechos reproductivos.
El cuarto tribunal de Santiago entregó la sentencia para los cuatro imputados por el homicidio de Daniel Zamudio, joven homosexual que falleció producto de una golpiza. Si bien la parte querellante destacó las sentencias, que van desde siete años a cadena perpetua, los analistas advierten que los actos homofóbicos continúan y la Ley Antidiscriminación es insuficiente, con casos como Vladimir Sepúlveda, joven que permanece con riesgo vital en Rancagua.
Tres personas fueron condenadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres colombianas, quienes viajaron engañadas a Chile y fueron obligadas a ejercer la prostitución. Esta es la tercera condena por trata de personas desde la entrada en vigencia de la ley 20.507, en 2011, y los acusados arriesgan al menos diez años de prisión.
Un 83% de las mujeres está a favor de una ley que obligue a que exista paridad en cargos públicos. Sexualidad, reproducción y acceso a la salud pública, son otros de los temas que preocupan a las chilenas según los datos entregados por la encuesta de 2013 de Corporación Humanas. En lo político, un 73% de las encuestadas declaró que votará para las elecciones presidenciales y, de ellas, alrededor del 30% aún no decide su preferencia.
Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
