Las representantes cuestionaron a los parlamentarios y dirigentes de derecha que han negado la existencia de estos hechos cometidos por agentes del Estado, incluso señalando que el Presidente Boric miente cuando lo incluyó en su discurso.
Sin embargo, el sondeo mostró que, con relación al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, las opciones entre el Apruebo y el Rechazo se encuentran empatadas.
Para la abogada y Magister en Derechos Humanos lo ocurrido la jornada del lunes en la instancia parlamentaria hace necesario un análisis de de parte de los votantes. “La ciudadanía tiene que saber por qué legisladores van a votar y cuáles son sus posiciones frente a los derechos de niñas y mujeres. Si estarán del lado de proteger y garantizar a mujeres y niñas o insistirán en imponer sus posturas valóricas conforme a las que las mujeres deberían seguir siendo tuteladas en sus decisiones, coartadas en sus decisiones de plan de vida y perseguidas como criminales”, indicó.
En la instancia entregaron el Protocolo para prevenir y enfrentar la violencia política de género y una carta de compromisos para que sea suscrita por los integrantes de la Convención.
La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. “No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso” explica la diputada Marcela Sandoval.
La integrante de Corporación Humanas comentó el abordaje que ha tenido el caso de las acusaciones de violencia sexual contra Martín Pradenas, en las que el Poder Judicial ha aplicado perspectiva de género, manteniendo al agresor en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad y las víctimas.
En paralelo a la sesión parlamentaria se generaron diversas movilizaciones digitales y presenciales de feministas apoyando esta discusión.
La comuna de la región de O’Higgins ha visto crecer paulatinamente este movimiento contra la violencia y el patriarcado. Sus distintas intervenciones han visibilizado un problema de profunda raigambre en nuestro país: la naturalización de la violencia de género y contra la infancia en los sectores rurales.
Conceptos fundamentales, argumentos y consejos para llevar adelante acciones en el marco de la discusión de una nueva constitución son los que están presentes en las 68 páginas del llamado “kit constituyente” presentado por el Observatorio de Género y Equidad y la Corporación Humanas, apoyados por la Fundación Friedrich Ebert. La idea detrás de esta iniciativa es que el lema “Nada sin nosotras” penetre en todo el proceso de creación de una Carta Fundamental de cara al siglo XXI.
La hasta ahora ex subsecretaria de Turismo ha sido criticada anteriormente por declaraciones controversiales y por haber haberse mostrado contraria al aborto libre y al proyecto de extensión del postnatal.
El nombramiento del periodista Jorge Ruz, con una cuestionada trayectoria para asumir el cargo, causó molestar en organizaciones de la sociedad civil. Desde la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres consideraron la contratación como un “descriterio”.
Casi la mitad de los médicos obstetras que trabajan en la salud pública en Chile se ha declarado objetor de conciencia en al menos una de las tres causales que presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las cifras, a juicio de Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, son peligrosas, y hablan de una falta de consistencia a la hora de la elaboración de la política pública.
Luego de las modificaciones presentadas por el Gobierno en el protocolo de Objeción de Conciencia en la Ley de Aborto, agrupaciones feministas presentaron un requerimiento a Contraloría para dejar sin efecto la acción impulsada por el ministerio de Salud.
La campaña liderada por el Sernam tiene por objetivo promover la erradicación de estereotipos de género. En ese marco, distintas organizaciones sostuvieron que es importante fiscalizar las imágenes impuestas por los medios de comunicación y la publicidad.
Frente a los bajos sueldos, precarias condiciones de trabajo y discriminación laboral solo por ser mujer, organizaciones sociales demandan una ley de postnatal que les conceda mayores atribuciones a los padres para equilibrar la balanza tanto en el plano laboral como en los derechos de crianza.
El caso de la mujer a la que le arrancaron los ojos en Coyhaique deja en evidencia las connotaciones políticas que sostienen la violencia de género. Organizaciones de derechos humanos advierten que el problema de fondo estaría en entender a las mujeres como objetos y naturalizar la violencia.
Violencia sistemática que se reproduce en salarios más bajos, acoso callejero y el femicidio, son situaciones que aún el país no logra revertir, señaló Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas.
