El Ejecutivo preparó una nueva instancia para enfrentar denuncias en contra de sus funcionarios, luego de los errores cometidos en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual de una subordinada.
Este lunes se cumple el ultimátum de la bancada de extrema derecha, en el que exigieron al Gobierno la salida de todo su equipo de seguridad. La acusación estaría justificada en el manejo de la crisis de seguridad y en la salida del general Yáñez.
Para la abogada de DD.HH., llama la atención que una autoridad de la República impulse este tipo de herramientas y el Gobierno no haga nada: “El criterio Tohá solo ha servido para fortalecer la idea de dilatar la audiencia de formalización”.
La diputada del PC, Lorena Pizarro, calificó como “impresentable” la decisión adoptada por el Ministerio del Interior. Mientras que, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, llamó a suspender la formalización de la máxima autoridad policial.
Las reacciones del mundo político han sido diversas, aunque ha primado un repudio transversal al asesinato de los tres funcionarios. También surgió con fuerza la solicitud de reconsiderar la salida del general Ricardo Yáñez.
El mandatario aprovechó el punto de prensa posterior para hacer un llamado a la unidad. “Para poder enfrentar esta situación no tienen que haber ni derechas ni izquierdas, ni oficialismo ni oposición”, declaró.
Los parlamentarios buscan anticiparse a un eventual llamado a retiro del alto mando de Carabineros. Además, los legisladores pusieron en duda la gestión de la ministra del Interior.
Mediante una carta dirigida al Presidente Boric, los diputados de oposición manifestaron su inquietud por el posible impacto de este principio en la destitución de funcionarios públicos, especialmente en el caso del general director de Carabineros.
