En el marco del caso colusión del papel, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) reveló nuevos antecedentes relativos a intercambios de correos electrónicos en los cuales figuran ejecutivos de supermercados. Los consumidores advierten que con estos datos se podría ampliar la causa a establecer responsabilidades de las grandes cadenas comerciales.
Desde este lunes la ANFP deberá enfrentar un proceso de reconstrucción que incluye diversos aspectos que quedaron abiertos luego del proceso de Sergio Jadue. Apoyar las investigaciones judiciales, la venta del CDF, el problema de la violencia en los estadios y mejorar el rendimiento deportivo asoman como los desafíos que abordará la nueva directiva.
A través de un requerimiento presentado ante la Contraloría, el conglomerado advirtió que el Gobierno ha sostenido reuniones con alcaldes, concejales y diputados. En tanto, desde La Moneda, refutaron los argumentos.
La bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana esperaba que este miércoles se revisara la admisibilidad del proyecto que pretende anular la iniciativa. No obstante, el debate se postergó para la próxima semana. En tanto, parlamentarios hicieron hincapié en que una eventual derogación, en vez de la anulación de la ley, implicaría indemnizar a las empresas pesqueras con 10 mil millones de dólares.
Desde el mundo político de manera transversal condenaron el nuevo caso de colusión conocido entre las cadenas de supermercados Walmart, Cencosud y SMU, no obstante la diputada del PPD Loreto Carvajal manifestó que esta conducta “al parecer es habitual” entre las grandes empresas y “usufructúan de la buena fe de los consumidores”.
La Cámara aprobó este lunes el proyecto que tipifica como delito las acciones de tortura, situación que no estaba considerada en el ordenamiento jurídico del país, con lo cual se establecen las eventuales penas a las que se verán sometidos quienes cometan este tipo de actos.
Fuertes críticas entre diputados y organizaciones medioambientales provocó la aprobaciónpor parte de la Cámara Alta del Decreto Ley 701, que desde hace 40 años entrega fondos del Estado a las actividades de las empresas forestales. Esto en medio de los coletazos que ha provocado el llamado “Cartel del confort”, que implicó la colusión entre una de las más grandes forestales del país, CMPC y la sueca SCA.
La medida busca que Guilisasti se inhabilite de la Comisión Nacional de Productividad, por haber pertenecido al directorio de SQM.
Abrir el espectro de la Nueva Mayoría y recuperar el vínculo con los movimientos sociales asoman como los principales desafíos del trabajo que deberá preparar el Partido Comunista pensando en el Consejo Programático que definirá el futuro de la colectividad por los próximos cuatro años. Esto en medio de renuncias y críticas al costo que ha debido pagar el PC por pertenecer al oficialismo.
Trabajadores de la universidad Arcis, así como parlamentarios de la UDI, critican la reciente designación del militante comunista Marcos Barraza como ministro de Desarrollo Social, cuando a su juicio aún no se ha aclarado los vínculos que el secretario de Estado tuvo con el plantel de educación superior y las acusaciones de lucro que pesan sobre el PC.
Como impresentable calificó el diputado comunista Daniel Núñez el hecho de que SQM mantenga el monopolio de la explotación del litio, dadas las últimas revelaciones sobre el financiamiento irregular de campañas políticas llevadas a cabo por la minera no metálica. Por esta razón, el parlamentario presentó un proyecto para terminar el contrato entre Corfo y SQM.
