Según los parlamentarios que acudieron al TC, el artículo 12 del proyecto sería contrario a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
En el sector acusaron “vicios de legalidad” en la adjudicación y dijeron esperar que se establezca una orden de no innovar el proceso. Mientras en el oficialismo dijeron que los parlamentarios estaban en su derecho de presentar las acciones que estimaran pertinentes y que la iniciativa del Gobierno fue transparente.
“La desconfianza sobre las instituciones políticas es muy profunda y se requiere una relegitimación del poder político”, aseguró uno de los autores, Rodrigo González.
“No es el momento de darse lujos: si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones”, dijo.
Así lo manifestó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja, quien argumentó que la idea legislativa oficial forma parte de una agenda impulsada exclusivamente para beneficiar a los grandes gremios y en desmedro de los trabajadores y trabajadoras.
En un principio, la idea del Ejecutivo fue rechazada por la oposición, sin embargo, hoy parlamentarios de las coaliciones no oficialistas establecieron condiciones al Gobierno para negociar la prenormativa. No se descarta que este mes la idea sea aprobada en general y para en marzo comenzar su tramitación en particular.
