La investigación del académico busca desmentir la tesis de que la dictadura militar fue “autolimitada”. Además, postula que tales documentos históricos no fueron un instrumento que garantizara la vigencia de los DDHH de los opositores al régimen.
“Nuestras posibilidades de éxito pasan por la unidad, ahora, en torno a un liderazgo común”, aseguró el doctor en Derecho, quien recalcó su afinidad programática con otra de las candidatas, la profesora Kemy Oyarzún.
El abogado, doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de Chile se refirió a su candidatura a la rectoría de la Casa de Bello y al aporte que ésta pueda dar a procesos como el de la escritura de la nueva constitución.
La doctora en Filosofía y docente de literatura plantea un sello feminista a su propuesta de gestión al frente de la máxima autoridad de nuestro plantel educacional. Mientras, el docente de la Facultad de Derecho señala que es necesario democratizar la casa de estudios y sumar a nuevos actores a una nueva “ciudadanía universitaria”.
Abogados debatieron la constitucionalidad de las exigencias que deberán cumplir las universidades fuera del Cruch para optar a la gratuidad el próximo año. “Hay buenos elementos para sostener su inconstitucionalidad”, concluyó el abogado Jorge Correa Sutil ante uno de los tres requisitos planteados por el Gobierno.
Un grupo de 108 académicos de diferentes especialidades del mundo universitario sostuvieron que los casos de corrupción asociados al grupo Penta, a la empresa inmobiliaria Caval y a SQM no son hechos aislados sino que se han transformado en prácticas políticas arraigadas. A través de una de una declaración firmada por profesionales del área de las Ciencias Sociales, la Física, el Derecho y la Historia, se planteó como solución la participación de nuevos actores en la política y además el camino hacia una asamblea constituyente.
Distintos países del mundo han optado por la asamblea constituyente en diversos periodos de la historia. Lo que pareciera ser un eje transversal de todas estas experiencias es que fueron gatilladas por procesos de crisis institucional y devinieron en una mayor estabilidad social y política.
En entrevista con el programa Semáforo de nuestra emisora, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Eric Palma, sostuvo que sí hubo infracción de ley, ya que “el libelo apunta a una imputación al ministro por violación de ley, y de no haber investigado denuncias que se le hicieron en las que se le solicitaba indagar a todas las universidades del sistema y a algunas en relación con el lucro, cosa que no hizo”.
