La resolución del Tribunal Constitucional echó por tierra uno de los pocos aspectos del proyecto que era valorado por los trabajadores: La titularidad sindical. La opción del veto presidencial obligaría a retomar la discusión en el Parlamento, con el riesgo que la iniciativa sea impugnada, nuevamente, ante el TC.
El eventual quorum de dos tercios que se necesitará para aprobar el nuevo capítulo XVI a la Constitución que establecerá los mecanismos de modificación de la Carta Magna, ha generado el cuestionamiento de parte de algunos juristas que plantean que esto sería ir en contra de la misma Ley Fundamental que establece que un nuevo apartado sólo requiere de tres quintos para su aprobación.
Abogados debatieron la constitucionalidad de las exigencias que deberán cumplir las universidades fuera del Cruch para optar a la gratuidad el próximo año. “Hay buenos elementos para sostener su inconstitucionalidad”, concluyó el abogado Jorge Correa Sutil ante uno de los tres requisitos planteados por el Gobierno.
El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, especificó que la Comisión Asesora Presidencial es parte del problema de deslegitimación institucional. “Ya que el parlamento no sirve porque está deslegitimado, inventemos un “parlamentito”.”, criticó.
La bancada transversal de diputados por la Asamblea Constituyente recibió y adhirió a una propuesta presentada por un grupo de abogados constitucionalistas y organizaciones sociales para viabilizar el plebiscito que dirima el mecanismo de la nueva carta fundamental que compromete el programa del Gobierno.En la ocasión, insistieron en la validez de la consulta ciudadana vinculante y llamaron a tomar posturas frente a quienes defienden los conceptos de la constitución vigente.
El fallo unánime del Tribunal Constitucional en torno a declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad interpuesto por el ex gerente de Soquimich, que de paso permitió frenar las indagatorias intrusivas del Ministerio Público, permiten desprender algunas interrogantes sobre futuros pronunciamientos frente a las reformas que impulsa la Nueva Mayoría, que expertos constitucionalistas no logran despejar, considerando el empate técnico que habría al interior de la instancia y que en agosto se debe elegir el presidente para el nuevo periodo.
En enero de este año, senadores de oposición presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante algunos puntos de la Reforma Educacional. Hoy diferentes actores presentaron sus posiciones desde el TC, bajo la mirada del abogado, Fernando Atria, quien afirmó que ésta es solo una herramienta de la derecha para bloquear los proyectos.
Expertos en Derecho Constitucional analizaron la suspensión de la investigación de la Fiscalía por parte del TC, coincidiendo en que este ente se inmiscuye en las atribuciones propias del Ministerio Público y su mandato constitucional. Además, existe preocupación por la falta de un análisis profundo por parte del Tribunal, que revisara la posibilidad de que se estén ocultando antecedentes y las consecuencias del plazo de suspensión.
El cambio a la Constitución de 1980 debería ser la salida a la crisis política que enfrenta en la actualidad el país. Así los sostuvieron analistas y expertos, que coinciden en manifestar que el Gobierno de Michelle Bachelet debe generar las condiciones para reformar la Constitución y llamar a un Plebiscito.
Las revelaciones sobre el llamado caso Penta, así como el millonario crédito otorgado por el Banco de Chile a la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Bachelet, o el mal uso de las asignaciones parlamentarias que se investiga en el caso de los senadores (Ind.) Carlos Bianchi y (PPD) Eugenio Tuma, han abierto el debate sobre las consecuencias a nivel político y social que estos pueden tener a mediano y largo plazo. Analistas proyectan los escenarios que se abren tras estos escándalos.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Fernando Atria, defendió el proceso de Reforma educacional asegurando que existe un cambio rumbo en el sentido común y que los efectos se verán a largo plazo.
Según abogados constitucionalistas y algunos parlamentarios los argumentos presentados por el senador de la UDI, Hernán Larraín, en el contexto del requerimiento que interpuso ante el Tribunal Constitucional por la reforma al sistema electoral, serían insostenibles y carentes de todo sustento jurídico, y es solo una muestra de la derrota que sufrió la Alianza en el Parlamento.
