Un informe contratado por SQM identificó 159 pagos a personas políticamente expuestas. Entre los principales proveedores destacan Cristián Warner, Giorgio Martelli, Cristina Bitar y el ex presidente Piñera. La UDI es el partido más beneficiado.
Mauricio Daza denuncia lo que considera “una situación política impresentable”, que busca trabar las investigaciones de Fiscalía, particularmente respecto del financiamiento irregular de campañas con recursos provenientes de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.
El nuevo fiscal Regional Metropolitano Oriente anunció la continuidad del persecutor del caso Penta. Además, en la Fiscalía de Las Condes asume Lorena Parra, quien encabezó el proceso en contra del sacerdote John O´Reilly, mientras que Ñuñoa estará a cargo de Felipe Sepúlveda, fiscal que investiga las presuntas irregularidades en los sueldos de la ANFP.
Octavo Juzgado de Garantía de Santiago confirmó el acuerdo entre la Fiscalía y el líder de la UDI respecto del juicio abreviado. Condenado a tres años de presidio remitido por delitos tributarios, el ex senador mantendrá sus derechos políticos, lo que le permitiría una eventual nueva conducción del partido e incluso regresar al Congreso.
La defensa del ex presidente de la UDI busca una salida alternativa al juicio oral por el caso Penta, en el que aparece como imputado por los ilícitos de falsificación de boletas falsas, ingreso a la contabilidad de su empresa “Inversiones y Mandatos” de facturas falsas y burlar la ley de donaciones.
Luego de negarse en dos ocasiones, este martes el ex presidente de la UDI entregó su versión ante los fiscales Sabas Chahuán, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La búsqueda de una salida alternativa al juicio oral implicaría el reconocimiento de los delitos que se le imputan.
El servicio que dirige Fernando Barraza presentó 7 acciones por delitos tributarios. A la del Senador Jaime Orpis por caso Corpesca, se suman las de Lee y Ominami por facilitación de documentación tributaria falsa vinculada al caso SQM.
La Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que da autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel), convirtiéndose así en norma, la primera iniciativa de la Agenda de Probidad y Transparencia comprometida por el Gobierno al conocerse los casos de corrupción Penta y Soquimich. Esto ocurre justo cuando la Fiscalía anunció que solicitará información sobre aportes reservados al Servicio.
Gran parte de la clase política y empresarial del país ha identificado al Ministerio Público como su principal enemigo. Y tienen razón. Después de todo, las investigaciones, citaciones y formalizaciones tienen al establishment chileno de cabeza. La Fiscalía ha destapado la olla dentro de la que había una cazuela rancia e incomible. Ahora se trata de volver a poner la tapa.
Como parte de la investigación que encabeza el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en contra del senador socialista, el Ministerio Público busca acceder a la información de los registros del Servicio Electoral respecto de los 32 nombres que aparecen en la lista proporcionada por Rossi a SQM, como parte de su solicitud de aportes para campañas municipales de 2012.
En su segunda campaña electoral, el ex presidente Sebastián Piñera, habría recibido el traspaso de fondos de manera irregular por 665 millones de pesos. Los aportes se habrían realizado en agosto de 2009 por una serie de empresas entre las que destacan SQM, Aguas Andinas y Penta.
