El exalcalde aseguró que los hijos de migrantes irregulares no deberían tener acceso a colegios. En respuesta, la especialista en infancia, Francis Valverde y el vocero del MAM, Eduardo Cardoza, criticaron el uso político de discursos xenófobos.
La experta en infancia valoró el reconocimiento que se hará de las vulneraciones a los derechos humanos de NNA. Sin embargo, cuestionó el perfil de los comisionados y puso en duda el que se pueda terminar el trabajo en solo un año.
Si bien se destacan algunos esfuerzos en la materia, para Francis Valverde de ACHNU aún no están las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, pues “el Estado todavía responde de manera represiva y coercitiva”.
La experta en infancia aseguró que ahora es clave zanjar aspectos como la estructura que tendrá la instancia, la manera en que se definirá la reparación para los afectados y las garantías que se les entregarán a los mismos.
Tras cuatro meses de deliberación, los parlamentarios por fin habrían llegado a un candidato de consenso. De todas maneras, esta tardanza es cuestionada desde la sociedad civil. “Tenemos una mesa coja”, dijo Francis Valverde, presidenta de la ACHNU.
La directora ejecutiva de ACHNU se refirió al informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en residencias de menores, el que dio cuenta de una “realidad sistémica” que afecta a más de 500 niños y niñas internados en recintos.
Aunque la ley promulgada este domingo “no es perfecta”, según la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, “es la mejor de las propuestas que hemos tenido hasta el momento”.
Este jueves, el Tribunal Constitucional acogió los recursos presentados por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos en contra de tres artículos. Al respecto, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas aseguró que dicha arremetida del sector más conservador del oficialismo es también una muestra de la disconformidad que existió en el bloque por la apertura de Sebastián Piñera al matrimonio igualitario.
Los hechos ocurridos en la región de O’Higgins volvieron a centrar las miradas en la institucionalidad que tiene a su cargo la protección de las personas menores de edad. “Esta es historia repetida, el Estado una y otra vez recibe la información de su incapacidad y una y otra vez no hace nada”, dice Francis Valverde en entrevista con nuestro medio.
La directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas criticó la actuación de la Fiscalía y el tratamiento mediático que se dio a este caso: “En Chile hay una deuda enorme con el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, recalcó.
Que los horarios laborales sean más cortos para poder pasar tiempo en familia, que no los invisibilicen, que vivamos en un medioambiente limpio son algunas de las principales inquietudes de los niños y niñas a la hora de pensar en qué Chile quieren vivir. ¿Qué deudas debería saldar una nueva Constitución para con los NNA? Dos expertos reflexionan sobre el tema.
La experta en Derechos Humanos y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Francis Valverde, expresó que el nuevo servicio es lo mínimo que se pudo lograr luego de la crisis del Sename. Además señaló la necesidad de entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que el Estado debe garantizarlos.
Una indicación al proyecto de ley que establecería por primera vez un estatuto de protección y garantías integrales para la niñez señalando la existencia de este deber para con padres y responsables legales, ha levantado las alarmas de las organizaciones pro niños, niñas y adolescentes.
Durante el último año han surgido diversas iniciativas que, según diversos expertos, son atentatorias contra los derechos de la infancia. Al respecto, en conversación con Radio Universidad de Chile, la directora Ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, analizó dichas propuestas, las que, según aseguró buscan “criminalizar” a la infancia.
La medida anunciada por Sebastián Piñera fue celebrada por el mundo político y del activismo. La contingencia, además, llamó a averiguar las distintas razones que argumentan la prescripción en los distintos tipos de delitos.
Se tomó el debate luego de la muerte de la lactante de casi dos años, Sophia. Tanto sus derechos como niña y el nulo rol que jugó el Estado pasaron a segundo plano. Francis Valverde, activista que viene trabajando por años en infancia apuntó a las responsabilidades de las instituciones en este episodio.
El abogado de la madre de la niña, Sebastián Lafaurie, afirmó que el Servicio carece de legitimación activa en esta causa. Mientras, desde tribunales se anunció el aplazamiento para marzo la audiencia de formalización de funcionarios del organismo por este caso. La prórroga se da luego de llegar a manos de la Fiscalía las conclusiones de un informe de la PDI en las que se asegura la participación directa de terceros en el fallecimiento de la menor.
