Los parlamentarios advirtieron que cerca del 75% de las empresas y organismos públicos no cumple con el mínimo legal de contratación de personas con discapacidad y exigieron medidas de fiscalización y apoyo.
Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) señalaron que este tipo de incidentes evidencian la necesidad de avanzar en legislaciones más robustas que protejan los derechos de las personas con diversidad funcional.