Los montos van desde más de 40 millones de pesos para los candidatos de la Región de Aysén, hasta los más 743 millones en la Región Metropolitana.
Un grupo de parlamentarios, liderados por el diputado Diego Ibáñez, presentaron este miércoles un proyecto que busca rebajar los techos del gasto en campañas políticas, además de poner límites más estrictos a los aportes privados con y sin publicidad.
La implementación de la agenda de probidad y transparencia ha traído diversas consecuencias para los partidos políticos. Una de ellas, dice relación con el control del gasto electoral por parte del Servel, lo que ha hecho que hasta la fecha más del 70% de las rendiciones de este tipo de gastos haya sido objetada por el organismo. Desde los partidos declaran estar de acuerdo con la normativa, sin embargo llaman a agilizar los plazos, tomando en cuenta las dificultades que esto trae para las colectividades y los candidatos.
El abogado Eduardo Charme Aguirre asumirá como el nuevo Director del Servicio Electoral (Servel) y su llegada cierra un ciclo de dudas ante el futuro de la titularidad del organismo. Luego de varios meses con una Directora subrogante y un concurso desierto, se espera que con este paso se consolide una nueva etapa que incorpore modernización y una eficiente implementación de los cambios que experimentará el sistema, como voto en el extranjero y revisión de gasto electoral.
Mediante una intervención urbana la Fundación Ciudadano Inteligente busca promover la transparencia de los fondos electorales.
Nueve mil millones de pesos podrá gastar un candidato presidencial en su campaña electoral. ¿Cómo recibe la ciudadanía estas cifras dadas a conocer por el Servicio Electoral? Educación, trabajadores y movimiento social analizan estos números y reaccionan ante ellos.
Se ha advertido muchas veces que hay candidatos que gastan en propaganda sumas que exceden los propios sueldos que luego totalizarán como parlamentarios. Esto hace evidente, entonces, que las empresas que los financian se obliguen enseguida a complementar sus ingresos y, con ello, garantizarse un servicio fiel de parte de estos éstos al momento de legislar.
Así describieron organizaciones y expertos la situación relacionada con la información de gasto electoral. Si bien la nueva ley establece ciertos parámetros que obligan a hacer públicas parte de la información de donaciones para las campañas, la mayor parte de los fondos que se entregan siguen siendo una incógnita a la que la sociedad civil no tiene acceso.
Al iniciar un año electoral, nuevamente surgen voces que llaman a transparentar los movimientos de dineros en las campañas. Los especialistas coinciden en que los candidatos gastan más de lo que permite la ley y llaman a mejorar la fiscalización, suprimir los aportes empresariales y, en definitiva, cambiar la forma de hacer política.
