La autoridad regional detalló que el informe obtuvo una “abstención de opinión” por la imposibilidad de acreditar el destino de los recursos. Ante la magnitud de las irregularidades, apuntó a maniobras realizadas por su antecesor, Luciano Rivas.
Desde el Gobierno de Santiago enfatizaron que la diligencia no se trató de un allanamiento, sino que la entrega de los aparatos electrónicos fue realizada “de forma voluntaria” con el fin de colaborar “activamente” con la investigación.
La Contraloría General de la República detectó un uso irregular de dineros del Gobierno Regional Metropolitano en la contratación de una asesoría que se orientó a trabajar en la campaña por la reelección del gobernador Claudio Orrego.
La discusión apuntó a los presupuestos de inversión regional y a las molestias por la dispar distribución del financiamiento en los territorios. El Ejecutivo valoró la reposición de la glosa que regula el uso de las recaudaciones del Royalty Minero.