Un estudio de Corporación Humanas evidencia cómo este derecho de los profesionales de la salud, concebido originalmente como una excepción, ha operado en desmedro de las mujeres, niñas y personas gestantes.
Reconocer derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como eliminar las barreras que impiden la interrupción voluntaria del embarazo, son parte de los pilares que tendría que contener la iniciativa postergada, según agrupaciones feministas.
La directora de Humanas recalcó que en los países democráticos, después de legislar sobre causales, “el paso siguiente es debatir directamente un modelo de plazos”, y que las leyes que establecen penalidades no disuaden a las mujeres de abortar.
Mientras algunas diputadas destacan la importancia de iniciar la discusión y profundizar en materia de derechos sexuales y reproductivos, parlamentarias de oposición plantean que no es necesario y que el Gobierno está desviando el foco de la agenda.
Desde enero del 2019 a junio de este año han llegado a los centros de salud más 5 mil 370 mujeres y niñas que han tenido derecho a hacer uso de la norma. La causal más frecuente es la número dos sobre inviabilidad fetal.
La fundación Por el Derecho de Decidir y la Corporación Humanas presentaron un escrito en Contraloría en el que apoyan los cambios propuestos por el Gobierno. Con ellos, se subsanarían algunas de las barreras de acceso al procedimiento.
La ex ministra de Salud aseguró que pese a que es un tema “un poco tabú”, en los últimos 10 años sí ha visto un avance en su discusión, especialmente, luego de la promulgación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
El estudio realizado por la Mesa de Acción por el Aborto y Fondo Alquimia recogió situaciones a nivel nacional que revelaron cómo esta área de salud se ha visto limitada y descuidada durante la crisis por COVID-19.
