El tratado busca establecer una política nacional que prevenga accidentes y daños para la salud de los empleados que sean consecuencia del trabajo. A su vez, las autoridades hicieron un breve balance de la implementación de la Ley Karin.
El documento aporta medidas y modelos de protocolos para avanzar hacia espacios de trabajo equitativos. Además, entrega un lineamiento de acción para que personas y empresas puedan enfrentar casos de hostigamiento laboral y sexual.
Si bien desde el sindicalismo y expertos valoran la iniciativa por sus avances en prevención, también apuntan que hay aspectos en los que hay que profundizar, los que serán retos para su aplicación, para la sociedad y para una futura legislación.
De acuerdo a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, la normativa “se encuentra en su proceso habitual de revisión para la toma de razón, el cual se volverá a ingresar a la brevedad para que las empresas hagan la adecuación necesaria”.
La vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT afirmó respecto del estudio realizado junto a la Mutual de Seguridad que “hay un reconocimiento a que la violencia y el acoso en el mundo laboral afecta principalmente a las mujeres”.
La iniciativa busca llenar los vacíos en la legislación y contempla la designación de un delegado de prevención con fuero para recibir denuncias y facilitar el acompañamiento sicológico de la víctima.
