Las y los parlamentarios dieron el visto bueno al llamado de Sebastián Piñera por 76 votos a favor, 59 en contra y siete abstenciones, por lo que la iniciativa pasa al Senado.
El vocero del Consejo de Todas las Tierras se refirió al debate en torno a la prolongación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur y recalcó que “solo la verdad, la justicia y la reparación puede encaminarnos a la paz”.
Para la legisladora socialista, le prensa conservadora se ha hecho eco de las intenciones del gobierno y se ha dedicado ha estigmatizar al pueblo mapuche, adjudicándole hechos de violencia que la Justicia no ha sido capaz de comprobar su origen.
Además, descartaron que la medida pueda ampliarse automáticamente en medio de la discusión de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. En tanto, en el oficialismo criticaron la labor del Poder Judicial en la investigación en el marco de los hechos ocurridos en Cañete que terminaron con la muerte de un comunero mapuche.
En conversación con nuestro medio, Macarena Huenchuleo, hermana de José Huenchuleo, herido por un impacto de bala en Cañete, relató los hechos ocurridos este miércoles, denunciando que los militares actuaron sin previa provocación: “¿Por qué no presentan sus registros? ¿Por qué no presentan sus grabaciones si ellos tienen cámaras”?, cuestionó.
Paralelamente Modatima Wallmapu presentó un recurso de protección contra el gobernador de la Región de la Araucanía, Luciano Rivas, por ser la consulta ciudadana “arbitraria e ilegal”.
“Que digan de frente: nosotros no queremos proteger a los trabajadores, no queremos proteger a esas familias que salen temprano, queremos que sigan atacando a trabajadores forestales como Ceferino González, atacado en Carahue con un arma de guerra y herido de muerte, que lo digan así”, sostuvo el secretario de Estado.
El alcalde de Cunco y presidente de la AMRA defendió la realización del proceso para incidir en una eventual ampliación del estado de excepción en la zona, aunque reconoció que la medida no es suficiente para resolver la profundidad del conflicto.
El anuncio se dio a un poco más de una semana en que termine la medida que ya fue extendida la semana pasada.
La extensión del estado de emergencia en la Macrozona Sur fue reprobada por las autoridades representantes del pueblo mapuche para quienes el Ejecutivo ha abandonado las salidas políticas y dialogantes sobre el conflicto. Asimismo, la Plataforma Política Mapuche ingresó un recurso de protección contra las autoridades, debido a la arbitrariedad, ilegalidad y discriminación que entraña el decreto que desplegó a los militares en la zona.
Desde el 12 de octubre que las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y en Malleco y Cautín, en la Región de la Araucanía, se encuentran bajo estado de emergencia bajo el pretexto de combatir el “terrorismo” y delincuencia en la zona.
Así lo sostuvo el INDH en una declaración luego que el Gobierno decidiera implementar la medida constitucional en cuatro provincias en las regiones del Biobío y la Araucanía. Coordinador de la zona, Pablo Urquízar, sostuvo que si las fuerzas militares son atacadas por “orgánicas terroristas (…) pueden hacer uso de sus armas”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador regional del Biobío manifestó su disconformidad respecto al decreto dictado por el presidente Sebastián Piñera y enfatizó en la necesidad de un plan integral para abordar el conflicto.
El académico cuestionó la decisión de decretar estado de excepción en algunas provincias de la Macrozona Sur: “La determinación del Gobierno va en un sentido diametralmente opuesto a las iniciativas de diálogo”
La medida de estado de emergencia regirá en cuatro provincias de dos regiones: Biobío y Arauco en la Región del Biobío y Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía.
Desde el oficialismo se arguye que los habitantes de la Araucanía temen por su seguridad y exigen al ejecutivo tomar medidas severas. En la vereda de la oposición, se acusa al presidente Piñera de intentar naturalizar a las Fuerzas Armadas como policías ante su incapacidad de gobernar bajo estándares democráticos.
Según lo informado por el coordinador de seguridad del Gobierno en la zona, Pablo Urquizar, el trabajo mancomunado de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, ha logrado alcanzar 307 capturas en lo que va del año.
