El ex ministro de Defensa secundó las declaraciones del jefe de Defensa Nacional para La Araucanía, Luis Cuéllar, sosteniendo que la responsabilidad sobre la defunción de los individuos que toman la decisión de enfrentar al Estado por la vía violenta, recae en ellos mismos.
La vicepresidenta adjunta de la Convención aseguró que la disposición que los Poderes del Estado han manifestado respecto a las comunidades mapuche atenta contra la credibilidad del proceso y afecta la participación ciudadana que se está desarrollando.
Los legisladores emplazaron al general del Ejército a responder sobre si sus palabras son a título personal o bien, en representación de la institución. Por su parte, el director del INDH, Sergio Micco, aseguró que el pronunciamiento de Cuellar no ayuda a respetar el Estado de Derecho e informó que el organismo constituirá una oficina en terreno en la provincia de Malleco para velar por el respeto de los derechos humanos.
Luego de los asesinatos registrados la jornada del martes, expresaron que mantener la opción policial-militar perpetúa este tipo de situaciones y apuntaron como clave que el próximo gobierno de Gabriel Boric aborde políticamente el conflicto.
Tras el crimen, parlamentarios oficialistas también emplazaron al Gobierno a brindar protección policial a la familia de la víctima y llamaron al presidente electo Gabriel Boric y a la izquierda a unirse “contra el terrorismo”.
La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile descartó que el Estado de Emergencia disminuya la violencia en el territorio. Además, comentó que para abordar un debido proceso de paz, el Estado debe mirar desde una perspectiva plurinacional.
El parlamentario socialista dijo que claramente las medidas del Gobierno en la macrozona sur han fracasado y “se requiere de un parlamento con todos los grupos dispuestos al diálogo, sin exclusiones”.
Desde el Gobierno han destacado que, desde el 12 de octubre -fecha en que inició el estado de excepción- los delitos en la zona han bajado considerablemente.
La iniciativa del Gobierno fue visada con 74 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones, resultado que permite seguir avanzando hasta el Senado en donde se le deberá dar el visto final a la polémica medida.
El documento, al que tuvo acceso el medio El Mostrador, responsabilizó a infantes de marina en la muerte del comunero en la localidad de Cañete y respaldó los testimonios de familiares, quienes afirmaron que la víctima fue baleada en el patio de su casa.
El ingreso de la reforma constitucional surgió en medio de la discusión de una nueva prórroga presidencial para extender la medida en 4 provincias de la Macrozona Sur. Según señalaron representantes mapuche la iniciativa “es un voladero de luces” que no resuelve el problema de fondo.
La diputada mapuche Emilia Nuyado rechazó la petición del Gobierno de extender, nuevamente, el estado de excepción, afirmando que antes de tomar una medida como esta se debe considerar la postura del propio pueblo mapuche.
La diputada electa y representante mapuche por La Araucanía rechazó la extensión del estado de excepción constitucional aprobada por el Congreso y cuestionó las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, contra la votación del candidato presidencial Gabriel Boric.
Tras la aprobación del Senado, la iniciativa se ampliará en hasta el próximo 11 de diciembre. Más temprano, la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo marcada por la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.
Ahora, la medida tendrá que ser revisada por el Senado, cuya sesión se topa en horario con la comisión mixta que discute el proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales.
Consultado sobre si el Gobierno pretende mantener la medida en la macrozona sur hasta el fin de su mandato, el ministro Rodrigo Delgado señaló que “no lo puedo adelantar porque tenemos que seguir evaluándolo semana a semana”.
La agudización del conflicto en la zona implica un desafío por comprender el actuar de algunos grupos en la zona, que desde la óptica de la académica de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, nace como una reacción a la violencia que históricamente ha ejercido el Estado.
