El comandante en jefe del Ejército señaló durante una actividad en Linares que la institución ya ha entregado toda la información que poseía respecto de las violaciones de los derechos humanos, palabras que fueron consideradas “inaceptables” por víctimas de la dictadura, y que reflejan la “falta de colaboración y negacionismo” que ha imperado en las Fuerzas Armadas.
Estudiantes del Liceo Confederación Suiza denunciaron lesiones luego de ser detenidos por Carabineros este lunes cuando participaban de un pasacalle junto a otros establecimientos de las comunas de Santiago y Providencia. En tanto, dos de las adolescentes que fueron detenidas denunciaron violencia sexual mientras eran trasladas por fuerzas policiales a la comisaría.
Esa es la conclusión a la que el Mecanismo Civil de Prevención de la Tortura arribó luego de visitar la cárcel de Colina II y el Centro de Internación Provisoria del Sename en San Joaquín. “La tortura ha pasado a estar en el sistema penal subterráneo (…) El problema es que no hay voluntad política de acabar con esta lacra de la tortura”, señala Alicia Alonso, directora de la ONG Leasur.
Las organizaciones llegaron a esta conclusión luego de conocerse la denuncia realizada por una veintena de alumnos de la Escuela de Formación de la institución, en contra de un oficial por abusos sexuales y torturas. “No es posible seguir tolerando denuncias de maltratos, torturas, vejámenes al interior de las FFAA”, señaló el diputado Hugo Gutiérrez.
“En Chile todavía se tortura”, fue la conclusión a la que organismos de derechos humanos llegaron luego de que se conocieran las cifras que indican un aumento en las denuncias sobre estos casos, por lo que hicieron un llamado a que el Estado promulgue a la brevedad el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura como forma de cambiar la cultura de las instituciones políticas en nuestro país.
La norma aprobada en la Comisión de Constitución del Senado, fue criticada por organizaciones de DD.HH. Y algunos parlamentarios. El problema es que “cercenaría” libertades personales y “criminalizaría” el movimiento social.
El informe, que recoge violaciones a los derechos humanos ocurridos hace 10 años, ya fue presentado en Ralco en la Región del Biobío, a autoridades de la zona, personal de Gobierno y comunidades. Sin embargo, aún no se pronuncia el Parlamento ni el Ejecutivo al respecto.
Pese a que desde el Ministerio del Interior se pidiera un informe detallado sobre las responsabilidades institucionales en el caso de Rodrigo Avilés, Carabineros entregó un documento que reconoce seguir investigando el tema. A dos semanas del suceso, las críticas se centran en el rol del Ministerio y en cómo la Policía no cumple con las órdenes entregadas por sus mandamases.
Organizaciones sociales reaccionaron molestas luego que el municipio de Santiago intentara que los organizadores de la manifestación presentaran el documento.
