Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A., firma que representa a los dueños del predio, manifestó que sus clientes “nunca” estuvieron “disponibles para negociar con los usurpadores”.
El Minvu, el municipio, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. y la Subsecretaría del Interior tomaron ésta decisión tras no destrabar puntos complejos como el precio por metro cuadrado. De no lograr consenso, se hará efectivo el desalojo.
