El Ministerio de Desarrollo Social informó que el Centro de Microdatos (CMD) de la Facultad de Economía y Negocios, se adjudicó la licitación pública, volviendo a aplicar esta herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas.
La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, entregó detalles sobre un nuevo modelo orientado a las familias, en el que, entre otras cosas, se busca hacer un acompañamiento para salir de estas condiciones de vulnerabilidad.
Francisca Perales se refirió a la Mesa Nacional de Calle y al foco interministerial que desplegará el Ejecutivo para subsanar una crisis que no sólo afecta a adultos sólos sino también a familias e infancias.
Por primera vez en la historia, el consejo tuvo lugar en la sede de Gobierno donde los y las consejeras fueron recibidas por el Presidente Boric y la ministra de Desarrollo Social quien aseveró que el compromiso no es “a cambio de seguridad”.
El gobernador Claudio Orrego, indicó que buscan por un ayudar a quienes están en esas condiciones frente a las bajas temperaturas de la temporada, además de buscar soluciones de fondo junto al Ministerio de Desarrollo Social.
La ANEF, el Colegio de Profesores y los propios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y servicios asociados, denunciaron que la idea tendría ya resultados preestablecidos. Además, en Talca y comunas de la región de la Araucanía se ha acusado a las autoridades locales de seleccionar arbitrariamente a los participantes, siempre afines a la administración de turno.
En una primera instancia, el proceso se paralizará por un plazo de 15 días.
En mayo de 2018 el Gobierno presentó el Acuerdo Nacional por la Infancia, plan del Ministerio de Desarrollo Social que contiene 94 medidas, siendo una de ellas Alerta Infancia, sistema informático que tiene por objetivo recopilar información de niños y niñas vulnerables para identificar la situación de riesgo en la que están.
En 2016 Michelle Bachelet presentó el proyecto de ley que crea el Ministerio Indígena y el Consejo de los Pueblos Originarios, iniciativa que continúa tramitándose en el Congreso y que el actual gobierno sigue dilatando al no ingresar enmiendas antes del término del periodo legislativo.
A través de un comunicado se refirieron al asesinato de dos integrantes de su comunidad a manos de un capitán en retiro de Carabineros. Mientras, la jornada de ayer se conoció de un nuevo allanamiento a la comunidad de Temocuicui donde niños de la escuela del sector debieron soportar los efectos del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas.
Esta semana hubo marchas en distintas ciudades, además de la toma de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que se mantiene desde el lunes. Los dirigentes buscan poner el acento en el atraso en la entrega de tierras y en la continuidad de la violencia en las comunidades.
Las escuetas palabras de la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo sobre la situación de los pueblos indígenas han desencadenado la molestia de diferentes comunidades a lo largo del país y críticas de diversos actores políticos. Esto en medio de un clima complejo, con nuevos cuadros de violencia en el sur del país, la Conadi paralizada y diversos cuestionamientos al cambio de institucionalidad que el gobierno pretende realizar.
Diversas críticas se abordaron durante el Seminario: “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. En la oportunidad representantes del estado, de las comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales y privados concluyeron en que aún quedan muchas falencias que mejorar para adecuar el proceso de Consulta a los estándares internacionales.
Con siete meses de retraso se entregaron los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que registró un 14,4 por ciento en el índice de pobreza y un 20,4 por ciento en el de pobreza multidimensional.
Después de una serie de desencuentros con dirigentes indígenas y el mundo empresarial, el gobierno anunció la revisión de decretos que regulan Consulta Indígena y tramitación ambiental de proyectos. Esto ha generado una serie de reacciones desde diversos sectores que miran con atención las modificaciones que se realizarán a un proceso que ya ha sido complejo y que es clave en las relaciones entre el Estado chileno y los pueblos originarios
La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, hizo un llamado a las familias para que utilicen el beneficio rezagado desde el año pasado, que en total significa una inversión estatal de más de 8 mil millones de pesos. El trámite está vigente hasta este viernes 29 de agosto.
Comunidades indígenas rechazan el proceso de Consulta llevado por las autoridades. Su principal crítica es que con éste conculcan sus derechos ancestrales y presenta un caracter “viciado e ilegal”.
