A través de una solicitud que debe resolver la Corte Marcial el militar en retiro pidió que se declare la nulidad de la investigación que se lleva en su contra, basándose en que la causa estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.
Por cinco votos contra uno, la Sala penal de la Corte Suprema decidió denegar la solicitud de la defensa del investigado oficial del Ejército, quien deberá seguir detenido de acuerdo a lo decretado por la ministra Romy Rutherford.
El ex comandante en jefe del Ejército se negó a declarar ante la ministra Rutherford argumentando que la causa penal en su contra está detenida por la decisión del Tribunal Constitucional.
En sus declaraciones, el ex comandante en jefe del Ejército habría admitido que utilizó gastos reservados para mantener y mejorar su condición de vida. Según se consignó en el procesamiento, el ex alto mando utilizó los dineros en la mantención de su familia, incluyendo gastos de consumos básicos, alimentación, cenas, flores, regalos y fiestas.
La magistrada enfrenta dos solicitudes de incompetencia en el Tribunal Constitucional y otras dos en la Corte Marcial con el fin de inhabilitarla en la investigación del fraude de los pasajes al interior del Ejército.
Los hechos objeto de la investigación habrían sido cometidos entre los años 2010 a 2015, mientras ejercía como secretario general del entonces Comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
