Actualmente, niños, niñas y adolescentes que participan de procesos judiciales, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, son interrogados por lo menos cinco veces por distintas personas, las que no necesariamente están capacitadas para trabajar con ellos. Para expertos en temas de infancia, esto revela una despreocupación de parte del Estado en la protección de sus derechos fundamentales.
Así lo reveló la encuesta EANNA 2012, elaborada por la OIT. Si bien la cifra es menor a la registrada en otros países de la región, da cuenta de un fenómeno que debe ser erradicado. Así lo señalaron los representantes de las instituciones involucradas en la medición, que concordaron en la necesidad de impulsar políticas públicas para terminar con este flagelo.
Por primera vez, Chile va a disponer de un informe que hará seguimiento anual a la situación de los niños y adolescentes, con datos regionalizados y por comuna, respecto de violencia intrafamiliar, extrafamiliar y también la llamada violencia estructural, referida al hacinamiento habitacional en el país.
