“La demora de poder tomar en cuenta los cambios, ha hecho que tengamos que lamentar tantas pérdidas de vidas en los últimos años, más de 200 niños y niñas desde 2005 a la fecha”, reflexionó Andrés Moro. Manifestó que el Sename, creado bajo la dependencia del ministerio de justicia, “representaba una mirada sobre la intervención social que hoy está prácticamente desfasada”.
La trata de personas es una violación a los derechos humanos alentada por las profundas desigualdades sociales y económicas, que afecta principalmente a mujeres y niñas. Pese a los esfuerzos de los Estados, miles de personas continúan siendo engañadas y llevadas fuera de sus ciudades, siendo explotadas laboral o sexualmente por un mercado ilícito que produce ganancias de 32 billones de dólares al año.
Chile carece de una ley integral que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. La situación, que genera críticas internacionales, sería solucionado en agosto, cuando el Consejo liderado por Estela Ortíz presente el documento que, entre otras cosas, incluirá la figura de un defensor de la infancia.
Esta mañana, once parlamentarios presentarán una acusación constitucional contra el magistrado Héctor Carreño. Lo acusan de ocultar un informe que revelaba las violaciones de derechos vividos al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La anunciada creación de una Subsecretaría de Educación Parvularia que vele por la calidad de la educación inicial es vista como una buena señal por académicos y especialistas. Sin embargo, abre el debate sobre las actuales deficiencias y pone alerta sobre otros aspectos que debieran ser parte de este cambio institucional.
Diversas iniciativas se están llevando a cabo para cambiar la situación que hoy en día vive la Población La Legua en Santiago. Una de ellas es la Iniciativa La Legua, programa gubernamental que a tres años de su implementación fue evaluada por los pobladores. Mayor integración territorial y terminar con el narcotráfico y las desigualdades, se presentan como las prioridades para sus habitantes.
Nuevamente se cuestiona el actuar del Servicio Nacional de Menores. Esta vez, organizaciones de trabajadores colaboradoras de la entidad, acusan de presuntas irregularidades en las adjudicaciones de licitaciones.
Actualmente, niños, niñas y adolescentes que participan de procesos judiciales, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, son interrogados por lo menos cinco veces por distintas personas, las que no necesariamente están capacitadas para trabajar con ellos. Para expertos en temas de infancia, esto revela una despreocupación de parte del Estado en la protección de sus derechos fundamentales.
Así lo reveló la encuesta EANNA 2012, elaborada por la OIT. Si bien la cifra es menor a la registrada en otros países de la región, da cuenta de un fenómeno que debe ser erradicado. Así lo señalaron los representantes de las instituciones involucradas en la medición, que concordaron en la necesidad de impulsar políticas públicas para terminar con este flagelo.
Por primera vez, Chile va a disponer de un informe que hará seguimiento anual a la situación de los niños y adolescentes, con datos regionalizados y por comuna, respecto de violencia intrafamiliar, extrafamiliar y también la llamada violencia estructural, referida al hacinamiento habitacional en el país.
