La Superintendencia logró revocar la decisión del Tribunal Ambiental, que había anulado la multa por 1.300 UTA tras el reclamo de la salmonera.
De acuerdo con la ONG, la medida del gobierno ruso no es más que otro escalón en la falta de credibilidad que golpea al sector desde hace largo tiempo. “Importantes compañías salmoneras han sido descubiertas engañando abiertamente al gobierno en sus políticas de aplicación de antibióticos y ahora le piden ayuda para salvar el negocio” dijo Estefanía González, coordinadora del área de campañas de Greenpeace.
El gerente general de la empresa cuestionada por entregar cifras falsas respecto de la mortalidad de los salmones, Francisco Miranda, admitió las imputaciones que provocaron tres denuncias de Sernapesca esta semana. No obstante, el ejecutivo descartó que esta situación haya generado un daño ambiental.
La empresa de capitales noruegos arriesga una multa millonaria y la suspensión de sus operaciones por hasta cuatro años.
La medida fue notificada este jueves a la empresa y se mantendrá vigente hasta que se esclarezcan los antecedentes por una eventual adulteración de sus reportes sobre mortalidad de salmones.
La reciente denuncia sobre el falseamiento de la cantidad de peces muertos en un centro de cultivo de la compañía noruega encendió las alarmas sobre si la práctica u otro tipo de ilegalidades es frecuente en las empresas del rubro. Organizaciones ecologistas llaman a intensificar las fiscalizaciones por parte de los organismos estatales.
En medio de la disputa judicial que se da en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde participan organizaciones ambientalistas, vecinos de Puerto Williams y comunidades yaganes, el Subrecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, solicitó implementar la medida a su par de la Armada.
El fuerte rechazo que ha generado por parte de la comunidad de Puerto Williams y del pueblo Yagán la instalación de la industria salmonera en el canal Beagle, generó el pronunciamiento del Tribunal de Alzada de Punta Arenas.
Son cuatro jaulas de crianza ya instaladas, y otra en trámite de instalación, en una zona donde sus habitantes luchan para que sus aguas sigan siendo prístinas y libre de toda contaminación industrial. La comunidad local se ha manifestado en contra del Intendente por no escuchar a los residentes y pueblos originarios.
