En una nueva jornada de protestas es todo el país sudamericano, se regitraron nuevos enfrentamientos con las fuerzas policiales. En Lima, según el gobierno cerca de 400 personas fueron detenidas.
Agrupaciones como la CPC y la Sofofa han criticado duramente la posibilidad de que se modifiquen las actuales condiciones que por tantos años las han beneficiado. Mientras que las exigencias de distintos sectores apuntan precisamente a regulación y legitimación social.
A través de su vocero, Milton Juica, el Máximo Tribunal argumentó su planteamiento en base a las dificultades por las que atraviesa la institucionalidad nacional. Además, insistió en su disconformidad respecto del presupuesto anunciado para el Poder Judicial.
La Presidenta Michelle Bachelet detalló en La Moneda el itinerario del anuncio que hiciera el pasado martes. Entre la sociedad civil se cuestiona la legitimidad del proceso. Desde la UDI insisten en desestimar una nueva Constitución.
Junto con traspasar la responsabilidad a los parlamentarios, fijando de paso altos quórum, y remitirse a la institucionalidad, finalmente la Mandataria desestimó la Asamblea Constituyente durante su Gobierno.
Mientras el Ministro del Interior desarrolla nuevos encuentros con representantes de partidos políticos para analizar el alcance del postergado anuncio presidencial, organizaciones ciudadanas insisten en la necesidad de una nueva Constitución Política mediante Asamblea Constituyente, así como en rechazar que el Congreso asuma dicha tarea.
A 27 años del plebiscito que abrió el camino hacia el fin de la Dictadura, expectativas y frustraciones transitan junto a excluidos y automarginados de un proceso en el que los gobiernos concertacionistas aparecen como los responsables de los déficits y rezagos que aún reclama la ciudadanía.
Entre los dirigentes que concurrieron a la sede de gobierno estaban los ex candidatos presidenciales Tomás Hirsch y Jorge Arrate, además de los dirigentes: Francisco Figueroa de Nodo XXI, Salvador Muñoz de Paiz y Manuel Jacques de la Izquierda Cristiana, quienes afirmaron que el Gobierno tiene un compromiso en su programa sobre esta materia, y llamaron a la Mandataria a que “agote todas las instancias para asegurar la convocatoria a un plebiscito que recoja la opinión de la ciudadanía sobre la dictación de una nueva Constitución”
