Aunque la discusión sobre la permisología suele apuntar a las demoras del SEIA, un nuevo análisis del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la U. de Chile reveló que el principal problema está en la tramitación posterior.
El parlamentario criticó que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, respaldada por el Tribunal Constitucional, reduzca exigencias ambientales bajo el argumento de agilizar inversiones. “¿Qué de ecologista quedó en el gobierno?”, cuestionó.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró el fallo del Tribunal Constitucional calificándolo como “una buena noticia para el país” debido al impacto esperado de la futura ley. “Nos permitirá reducir los tiempos de evaluación sectorial”, destacó.
El titular de Economía descartó un “relajo” de los estándares regulatorios vigentes. Además, aclaró que “cualquier proyecto de inversión que tenga un impacto ambiental relevante tiene que pasar por el SEA”, servicio no afectado por la nueva ley.
