Exonerados políticos, expresos políticos, torturados y beneficiarios de leyes de reparación, esperan que en las mejoras a la PGU contemplada en la reforma previsional, no sean excluidos como ocurrió durante el gobierno de Piñera.
El 21 de diciembre del año 2010, la ONU decide declarar el día 30 de agosto como el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, como una forma de conmemorar y mantener la memoria de estos hechos. Ahora bien, en nuestro país, debido a la lamentable historia que nos precede, diversas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ya conmemoraban este día, en memoria de las victimas que sufrieron desapariciones forzadas en tiempos de dictadura. Es en este contexto que, en la actualidad, el Estado en miras de reparación al daño evidenciado a los y las familiares de víctimas de desapariciones forzadas, mantiene algunas medidas, en el ámbito de salud, cuenta con el programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos (PRAIS).
Más de 90 días llevan los ex presos políticos en huelga de hambre, con la cual apuntan a presionar al Gobierno para que mejore sus pensiones, así como el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS). Mientras, el Ejecutivo les condiciona las negociaciones a que las agrupaciones aúnen sus demandas.
Los usuarios del Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos acusan “letra muerta” en el cumplimiento de la norma. En cuanto a la crisis del sistema público de salud, denuncian la necesidad de coordinar a todos los sectores, para avanzar en una solución estructural.
Beneficiarios Prais denuncian que el programa de reparación para entregar prestaciones médicas gratuitas en la red de salud pública es ineficiente y no responde al espíritu de la Ley de entregar una mejor calidad de vida a las víctimas de la represión.
