Este martes comenzó la discusión en particular del proyecto de ley que cuenta con cerca de 700 indicaciones. Para la diputada Gael Yeomans, la propuesta aborda temas de seguridad ciudadana y también de seguridad social.
El gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para la tramitación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas afirmaron que la iniciativa es ambigua y que abre puertas al abuso empresarial.
La Comisión de Hacienda del Senado siguió las recomendaciones de Andrés Zaldívar. Cerró puertas, apagó cámaras y discute sin micrófonos el contenido de la Reforma Tributaria. Con café y “galletitas” al igual que en la casa de Fontaine, parlamentarios se tomaron el Congreso para lograr acuerdos y despachar lo antes posible el proyecto a la Sala. Lo que siempre se especula es hoy una decisión institucional: La reforma se tramita entre cuatro paredes.
Continúan las reuniones del ministro de Hacienda Alberto Arenas para finiquitar la indicación al proyecto de Reforma Tributaria. Según los senadores involucrados ya hay acuerdo respecto a la reinversión de utilidades no distribuidas, pero faltan otros aspectos por definir. Este martes, diferentes actores de la política nacional se pronunciaron sobre los últimos ajustes de la reforma, sus plazos y su impacto en la economía. “Esto tiene riesgo de ser parecido al FUT”, afirmó el senador socialista Carlos Montes.
En plena negociación se encuentran el equipo asesor del ministerio de Hacienda y los senadores de la Alianza y la Nueva Mayoría que suscribieron el Protocolo de Acuerdo que modifica el proyecto original de Reforma Tributaria. La redacción del documento definitivo, que debe ser ingresado este jueves, está tensionada por un último intento del senador Carlos Montes por regular la “reinversión de utilidades no distribuidas” y el rechazo de la Alianza a cualquier posición que no esté en el protocolo.
Este jueves terminó el paro de los funcionarios del Registro Civil quienes consiguieron una mejora de condiciones no en forma parcelada, como proponía el Gobierno en primer término, y con el compromiso de que no haya represalias. En el protocolo de acuerdo se estableció además que se podrían realizar jornadas extraordinarias de trabajo de las oficinas del Registro para normalizar la situación de los usuarios.
