Abogados y víctimas de violaciones a los derechos humanos critican la petición de las viudas de los escoltas de Pinochet de procesar a Guillermo Teillier por el atentado ocurrido en 1986, como un delito de lesa humanidad. “El Estado no ejerció violencia, tortura o fuerza desmedida contra esos escoltas, eso fue una decisión política”, recalcó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
La acción judicial es interpuesta en favor de 119 personas, en su mayoría jóvenes -diez de ellos eran menores de edad- e incluida una mujer embarazada, detenidas por agentes de la DINA y cuyo paradero es hasta el día de hoy desconocido.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por eventual falsificación de instrumento público. Desde la oposición se valora esta investigación, mientras el oficialismo defiende al ex subsecretario de Minería.
Este jueves se presentará la querella contra los miembros de la PDI que resulten responsables del eventual secuestro y torturas contra César Reyes, alumno de 17 años del liceo Barros Borgoño detenido durante la última marcha del movimiento estudiantil. La Defensoría Popular evalúa, además, otra denuncia relativa a una joven perteneciente al grupo de Observadores de Derechos Humanos, supuestamente secuestrada a inicios de esta semana.
Diputados opositores interpusieron una querella por fraude al fisco contra quienes resulten responsables de la entrega de beneficios estatales a la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad SEK y la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, en circunstancias de que dichas instituciones no estaban acreditadas. La medida legal apunta a la responsabilidad del actual ministro de educación, Harald Beyer, en su calidad de presidente de la Comisión Ingresa, y se suma a los antecedentes de la acusación constitucional en su contra.
Este lunes parlamentarios de oposición presentarán una querella contra el director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, por el caso de la condonación tributaria a la multitienda Johnson´s. Las bancadas opositoras insisten en la existencia de conflicto de interés, a pesar del rechazo al informe de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados. […]
Según indicó el Intendente, Raúl Celis, esta acción permitirá que los damnificados inicien acciones civiles contra los responsables y que el Estado recupere su inversión para enfrentar la emergencia. Por otro lado, se implementartán una serie de acciones para ayudar a los miles de perjudicados con este siniestro como la vacunación masiva y la inscripción para subsidios de arriendo.
