Mireya López, ministra en visita por el Caso Exonerados, ordenó el rastreo de los más de 3 mil casos bajo sospecha de antecedentes fraudulentos. En materia política, un recurso de protección busca evitar el congelamiento de los pagos que propone el Ejecutivo, una medida que no ha sido bien evaluada desde la oposición, y rechazada por los propios afectados.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió al emplazamiento hecho por la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, para que saliera del silencio sobre las irregularidades por la entrega de beneficios a falsos exonerados. La directora del organismo afirmó que “una explicitación del Instituto está en el informe del año 2011, donde nosotros planteamos esta situación”.
El Gobierno oficializó el martes la presentación de una denuncia contra los presuntos tres mil falsos exonerados políticos y el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ratificó a la Fiscalía Centro Norte para que investigue el caso. Raúl Celpa, de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos, pide restarse de la “chimuchina” política y hace un llamado al Instituto de Derechos Humanos a manifestarse respecto de las irregularidades.
Agrupaciones de exonerados políticos difieren del contenido del informe emanado de Contraloría. Mientras algunos acusan un “actuar concertado de la institucionalidad para defraudar al Fisco”, otros cuestionan las cifras de la investigación del ente fiscalizador.
