La ministra en visita designada para la investigación por presuntos falsos exonerados, Mireya López, ordenó el rastreo de los más de tres mil chilenos que figuran con antecedentes cuestionados en el informe de Contraloría, a quienes se les consultará sus datos para definir si les corresponde recibir pagos desde el Estado.

Recordemos que la Contraloría investigó un universo superior a 9 mil casos de exoneraciones, de los cuales unas 3 mil fichas presentan falencias y falsificaciones, que no calificarían en este grupo, compuesto por más de 70 mil funcionarios del Estado, despedidos durante la dictadura.

La ministra ya había solicitado los antecedentes que analiza el Ejecutivo, quienes buscan nuevos casos o documentos que puedan ser remitidos a la investigación de Contraloría, o bien iniciar una investigación en paralelo.

Al respecto, la diputada Ximena Vidal, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, destacó el papel de la justicia, pero llamó a observar el tono en el que el Ejecutivo ha manejado este caso, quien declaró que La Moneda “se ha reído” de quienes sí son víctimas de la dictadura.

“Los poderes son independientes, la justicia tiene que cumplir con las medidas que le permitan investigar correctamente. Hay que buscar el equilibrio entre buscar la verdad y saber el fraude al Fisco, pero lo que está en el tapete es en cómo este Gobierno ha ejercido, se ha reído, no ha respetado el tema respecto de personas que fueron violentadas en sus derechos”, indicó.

Desde los propios exonerados, este viernes se conoció un recurso de protección presentado por el abogado Carlos Flores, que busca detener un eventual congelamiento de los pagos, medida propuesta desde La Moneda.

Raúl Celpa, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex Presos Políticos de Chile, destacó que esta medida es exagerada, viniendo de un poder del Estado que omitió la investigación ante una serie de denuncias.

“Hay una responsabilidad del Estado tremenda, entonces pensar medidas como suspender el pago nos parece apresurado, antes que estas instituciones que no actuaron como correspondía, tengan suficiente certeza del carácter y magnitud del escándalo”, indicó.

El dirigente criticó la manipulación política que ha tenido el Caso Falsos Exonerados, quien señaló que las reacciones de parlamentarios son una muestra del nivel de la clase política: “Muchas veces le pedimos a las comisiones de DDHH que investiguen, y siempre lo negaron. Que hoy empiecen a hablar, cuando la sociedad se entera del escándalo, me parece una muestra más de la mediocridad en la forma de hacer política”.

Raúl Celpa se refería con estas declaraciones al anuncio de Fidel Espinosa, diputado socialista que analiza una impugnación ante Contraloría, del nombramiento del abogado Luis Hermosilla como líder del equipo jurídico que asesora al Ejecutivo, ya que éste mantiene un juicio abierto contra el Estado chileno, en representación de Soquimich.