A pesar de que el grueso de la iniciativa tuvo el visto bueno de la Sala, todas las normas de quórum, incluyendo la de confianza legítima del personal a contrata —parte de las llamadas por la oposición como “amarres”— fueron rechazadas.
El presidente de la gremial, José Manuel Díaz, acusó instrumentalización política del debate y rechazó que se trate de un “amarre”. Además, advirtió que concebir al Estado como un “botín” pone en riesgo la estabilidad de miles de familias.
A horas de reunirse con los ministros de Hacienda y Trabajo, las dirigentas de la Mesa y la CUT emplazaron al Ejecutivo a responder su demanda de reajuste salarial.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara señaló que “si Kast quiere disminuir seis mil millones de dólares, tendría que echar casi el 40% de la gente que trabaja en el Estado. Es una amenaza terrible”.
