Los rectores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile enviaron una carta por correo electrónico a los diputados, senadores y alcaldes. En ella, señalan las múltiples crisis gatilladas por el estallido social y la pandemia, invitándolos a ser parte de una gran conversación nacional impulsada por la iniciativa “Tenemos que Hablar de Chile”.
A través de una carta, los rectores hicieron observaciones a las asignaciones que trae el presupuesto 2019 a la educación superior, asegurando que modificaciones en algunos programas impedirán fortalecer la educación pública y sus planteles.
El fallo por la ley de educación superior no dejó tranquilos a los altos cargos de las universidades estatales. La mañana de este miércoles sostuvieron una reunión con el ministro de Educación, Gerardo Varela, y mientras la autoridad repitió que el tema del lucro ya está zanjado, desde el CUECh y CRUCH se exhortó al mundo político a hacer una reposición ante el Congreso Nacional.
El proyecto de Educación Superior podría ser despachado mañana por la Comisión de Educación del Senado, de esta forma se pondría fin a uno del proyecto emblemático del Ejecutivo.
Los miembros rechazaron tajantemente las declaraciones de algunos rectores de la red G9 y defendieron el actuar del rector Vivaldi: “La Universidad de Chile, a través de su Rector, puede y debe pronunciarse sobre el futuro de la educación superior a través de una verdad que, aunque duela, es necesaria señalar. El CAE y el maltrato a sus instituciones estatales es solo una muestra –no menor- de lo errado del camino y la necesidad de que éste sea reencauzado”.
El rector de la Universidad Católica lamentó el quiebre en el Consejo de Rectores, asumiendo que es un mal momento para esta división. Si bien reconoció que desde el G9 tienen toda la disposición a aunar posturas, esto no se lograría sin acuerdo en el sentido de lo público.
Autoridades de las universidades agrupadas en el CUECh han llamado a superar las diferencias en el Consejo de Rectores. El llamado es a que la Red de Universidades Públicas no Estatales dirija su enojo por la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto a quien corresponde. “Trabajar en conjunto es fundamental en momento de revisión de indicaciones al proyecto de educación superior”, planteó Aldo Valle.
Desde el CRUCh confirmaron que en los próximos días entregarán el documento a la ministra Adriana Del Piano. Al igual que el Ejecutivo, a los rectores les preocupa que la glosa de gratuidad pueda terminar dirimiéndose en el Tribunal Constitucional.
El proyecto que crea el Ministerio de las Culturas modifica la composición de los jurados y elimina la participación del rector de la Universidad de Chile y de un representante del Consejo de Rectores. Ya hay voces críticas que dicen que “la administración de turno estará en condiciones de nombrar a los que sean de su gusto”.
Este miércoles se desarrollarán las audiencias para que los actores interesados en la resolución del Tribunal Constitucional por gratuidad en Educación Superior expongan sus argumentos.
En el marco del seminario “Financiamiento de la Educación Superior: Un debate en Desarrollo” distintos actores relevantes de la discusión dieron su punto de vista sobre el origen de los recursos a reasignar para dar viabilidad económica a la gratuidad que mediante una glosa presupuestaria favorecerá a los estudiantes universitarios pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable. En el centro del debate redistributivo aparece el Aporte Fiscal Indirecto, AFI, que asigna recursos a partir de los resultados de la Prueba de Selección Universitaria.
Los rectores de las universidades de Antofagasta, Biobío y La Frontera manifiestan sus dudas sobre el proceso de gratuidad que se quiere implementar en educación superior. Principalmente, porque se acercan los plazos de discusión del presupuesto universitario, donde es necesario manejar los criterios de distribución de recursos.
