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Año XII, 21 de enero de 2020

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Rectores critican improvisación del Mineduc en materia de gratuidad

En el marco del seminario “Financiamiento de la Educación Superior: Un debate en Desarrollo” distintos actores relevantes de la discusión dieron su punto de vista sobre el origen de los recursos a reasignar para dar viabilidad económica a la gratuidad que mediante una glosa presupuestaria favorecerá a los estudiantes universitarios pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable. En el centro del debate redistributivo aparece el Aporte Fiscal Indirecto, AFI, que asigna recursos a partir de los resultados de la Prueba de Selección Universitaria.

Carlos Arias

  Miércoles 21 de octubre 2015 18:22 hrs. 

“La continuidad del Aporte Fiscal Indirecto nos parece absurda”, indicó Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago, en el marco de la conferencia organizada por el Consejo Nacional de Educación.

En este sentido, para Zolezzi, la tardía decisión en torno al fin del AFI no pasa necesariamente por falta de voluntad política, sino que a su juicio el Ministerio de Educación no tuvo la capacidad de prever el escenario de estrechez económica para financiar la gratuidad universitaria 2016: “Absurdo en un ambiente en el que estamos yendo hacia un proceso de gratuidad tener una herramienta tan regresiva como es el Aporte Fiscal Indirecto. Se nos dice que no se puede cambiar porque es una ley y eso requiere una solución más compleja que vendría en la Ley General de Educación que será el próximo año, pero yo creo que se puede buscar una forma de dejarlo con cero pesos y utilizar esos recursos de otra forma”.

Además, el rector de la Universidad de Santiago puso en duda que la gratuidad mediante una glosa presupuestaria solo sea por un año, toda vez que en su concepto la discusión de la nueva Ley General de Educación tendrá un trámite bastante más largo de lo presupuestado.

Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado indicó que en su concepto la eliminación del AFI es importante, pues resulta injusto financiar a los mejores estudiantes, que no siempre son los que tienen mayores necesidades.

Por su parte, Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor, que no participará del proceso de gratuidad 2016 restó importancia a la reasignación del Aporte Fiscal Indirecto, indicando que “sólo aportaría 220 millones de dólares adicionales para incluir en la glosa presupuestaria”.

En este sentido, para el rector de la Universidad Mayor, el Ministerio de Educación comete un error al plantear este nuevo esquema de financiamiento para la Educación Superior, por lo que sería irresponsable de su parte participar del modelo de gratuidad propuesto.

“La universidad Mayor estaría con significativo déficit de recursos si se adscribe al actual modelo y eso sería una gran irresponsabilidad con los 21 mil estudiantes que tenemos y familias que confiaron en nuestra universidad para estudiar y proseguir sus estudios superiores”.

El jefe de educación superior Francisco Martínez indicó que los estudiantes de menores recursos se encuentran en desigual condición para acceder a las mejores universidades, por lo que uno de los desafíos del nuevo sistema educativo es avanzar en mayor equidad: “Tenemos que encontrar un modelo que logre ofrecer y garantizar mayor equidad en el acceso y la equidad en el acceso falla en dos componentes, primero académica, porque los estudiantes de menores ingresos tienen menos condiciones académicas para poder competir con otros estudiantes en la carrera por llegar a las mejores instituciones”.

La diputada comunista y presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, Camila Vallejo, indicó que la eliminación del AFI apuntará a generar mayores condiciones de equidad pues permite enfocar los recursos en quienes más los necesitan.

“Creemos que es una política de financiamiento regresiva, en general esos recursos se van a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica o a la Universidad Adolfo Ibañez y otras universidades privadas que concentran estudiantes de más altos recursos, no permitiendo políticas de inclusión, de equidad que hagan justicia con estudiantes que a lo mejor no sacan altos puntajes en la PSU, pero que tienen todo el derecho a ingresar a la educación superior”.

En este sentido, la diputada profundizó en que el modo de redistribuir los recursos sería asignar 1 peso para el AFI y utilizar los ingentes recursos que involucra en apoyar a los estudiantes que pertenezcan al 50 por ciento más vulnerable.