La presidenta encargada confirmó que la cifra supera las proyecciones iniciales tras las revisiones del sistema judicial, elevando a casi 9.000 los beneficiarios de la norma en medio del proceso de reforma penal.
El ministro de Justicia destacó que la reforma, impulsada tras la Trama Bielorrusa, traspasa los nombramientos al Servicio Civil, exigiendo justificar ampliamente al Ejecutivo si no escoge al primero de la lista de concursos.
La Diputada Camila Flores exigió “reformar a fondo” el Poder Judicial tras la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, calificando la decisión de “vergüenza nacional”. Cuestionó la impunidad y la desconexión con las víctimas.
Los expertos constitucionales, Javier Couso y Tomás Jordán, se manifestaron contrarios en implementar un sistema de nombramiento de jueces a través de elecciones: “Deja completamente a disposición de los poderes políticos a la judicatura”.
La reforma busca descomprimir y despolitizar la Justicia Federal, que es la que tramita las causas de corrupción política y otros delitos complejos.
