El parlamentario defendió el proyecto que extiende de cinco a 60 días el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión. “El aumento de plazos no va a implicar una decisión total y absoluta para todos los casos”, argumentó.
El presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, habría estado al tanto de la alteración de cifras. El diputado PPD, Cristián Tapia, pidió al nuevo directorio realizar una denuncia adicional ante Fiscalía y presentar una querella.
El parlamentario enfrentaba cargos como facilitador de facturas ideológicamente falsas por un monto cercano a los 2,5 millones de pesos.
