Siguen las diligencias en la llamada arista SQM del Caso Penta y la pugna a través de acciones judiciales entre los distintos organismos. Mientras las autoridades políticas están reunidas en Cerro Castillo y no han respondido a los últimos hechos. En tanto, al interior del directorio de la empresa SQM afinan las próximas estrategias.
El TC determinó que el Ministerio Público dispondrá de dos días de plazo para que, por escrito, explique las razones sobre las que se fundamenta la solicitud al SII para que entregue la información contable de la minera no metálica SQM, que le fuera entregada al ente fiscalizador el pasado lunes. La resolución emana en respuesta al recurso presentado por el abogado Samuel Donoso, representante del ex gerente general de la minera, Patricio Contesse, en el que se pide la suspensión de todos los procedimientos del Ministerio Público sobre la empresa.
En el marco de la investigación del llamado caso Penta, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán confirmó que los senadores Ena von Baer e Iván Moreira de la UDI, “aceptaron la invitación” a declarar por este proceso, ya que al contar con fuero parlamentario, no están obligados a acudir a la citación. Sobre el nuevo recurso presentado por SQM ante el TC, Chahuán expresó que “si para investigar los delitos hay que empecinarse en conseguir lo que se busca, en vencer obstáculos jurídicos, habrá que hacerlo”.
La defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín anunció de inmediato que intentará revertir la determinación del juez Juan Manuel Escobar, mientras el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, adelantó que los senadores UDI Iván Moreira y Ena Von Baer serán citados a declarar.
Los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, arriesgan penas de crimen, por lo que no podrían obtener beneficios. Pese a que el Ministerio Público solo había pedido arresto domiciliario, los ex gerentes Hugo Bravo y Marcos Castro también cumplirán prisión preventiva.
El Juez Escobar entrega este sábado la resolución sobre las medidas cautelares en caso Penta. Previo a ello, el fiscal Carlos Gajardo mostró pruebas que vinculan al ex Presidente Sebastián Piñera con la bullada investigación.
Los contadores Horacio Mayquel y Francisco Sivit, quienes el lunes pasado habían sido declarado culpables por el Octavo Juzgado de Garantía por delito tributario y fraude al Servicio de Impuestos Internos (SII), por una suma de 2 mil 700 millones de pesos, y que dio origen al llamado caso Penta-SQM, fueron condenados a una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, y el pago de una multa, mismo pago que deberá realizar el tercer involucrado en este caso, Hernán Díaz.
El gobierno firmó la iniciativa legal que crea esta nueva fiscalía, la que tendrá a cargo la investigación de delitos en particular complejos y de alto impacto en la sociedad. Los funcionarios agrupados en la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip), indicaron que la medida no resuelve temas de fondo como la falta de dotación para poder investigar los miles de casos.
Luego del llamado de atención hecho por el vicepresidente Rodrigo Peñailillo, en torno a evitar la filtración de las investigaciones, continuaron con mayor sigilo las diligencias para dar con el paradero del resto de eventuales implicados en la colocación de bombas en el metro y dos comisarías. En la Fiscalía Nacional están atentos para no sufrir otro bochorno como el del anterior caso.
El Gobierno mantiene a firme su postura de fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, con agentes encubiertos. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entregó sus argumentos para asegurar que el país necesita esta transformación que permita hacerle frente a supuestos grupos terroristas.
El Ministerio Público recomendará mayores atribuciones investigativas e interceptación de llamadas telefónicas en casos de instalación de artefactos explosivos, entre otras medidas. Advierten una eventual vulneración de derechos civiles con estas prácticas.
Como parte de su balance, que consideró la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, el Fiscal Nacional también apuntó a la incertidumbre frente al proyecto de ley de fortalecimiento institucional. Fiscales aseguran que el Ministerio Público enfrenta una grave crisis, mientras que organizaciones de derechos humanos rechazan el uso de testigos cuando se invoca la Ley Antiterrorista.
