Así se refirió el representante de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, a la reciente venia por parte de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, que autorizó la construcción del proyecto comercial ubicado en la comuna de Concón.
Durante toda la mañana de este miércoles los vecinos de San Bernardo protestaron frente al Servicio de Evaluación Ambiental exigiendo el rechazo del proyecto de la empresa estadounidense. La iniciativa implica la instalación de un gigantesco centro de distribución con un costo de 180 millones de dólares.
El proyecto había sido rechazado por el gobierno anterior, sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental cambió la decisión, hecho que ha causado preocupación en las comunidades ambientalistas y políticas, desde donde aseguran que el gobierno está velando por los intereses económicos.
Tras la aprobación del proyecto gasífero, la comunidad anunció que presentará su apelación al Consejo de Ministros y advierten que llegarán hasta el Tribunal Ambiental si es necesario para detener la construcción del proyecto portuario.
Dentro de las próximas semanas, la Comisión Evaluadora Regional tendrá que definir si aprueba o rechaza el proyecto GNL Talcahuano. Por su parte, la organización social Choreras de Talcahuano denunció una compleja red de influencias destinada a forzar su aprobación.
El Comité de Ministros debería resolver su posición sobre el proyecto a fines de julio. Mientras, las organizaciones sociales en defensa de la Higuera destacan que en este nuevo documento el SEA reconoce el impacto que podría provocar el proyecto en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
Los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental aseguraron que en este tipo de proyectos muchas de las decisiones técnicas están “disfrazadas” de pretensiones políticas y empresariales. Casos como Dominga y Octopus figuran dentro de este criterio. El problema se habría acrecentado desde 2014.
Expertos y autoridades regionales insisten en los impactos negativos que provocaría la iniciativa por manejar contaminantes de hidrocarburos en varias zonas del valle de Aconcagua. Desde la empresa, en tanto, apelarán al tribunal ambiental para evitar el congelamiento de la iniciativa.
La Corte de Apelaciones de San Miguel tomó la decisión frente a la construcción que pretende instalar la empresa en el sector de El Peñón. Además, la compañía de capitales norteamericanos enfrenta un momento decisivo a raíz de la presentación del petitorio de su sindicato, que reúne a 18 mil trabajadores, y que marca el inicio de su negociación colectiva, la cual podría marcar un precedente en la nueva legislación laboral.
Luego de dos años de gestión, renunció el ingeniero Jorge Troncoso al cargo de director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El cargo será asumido por el jefe jurídico del organismo, pero el Ministerio del Medio Ambiente deberá evaluar quien ocupará el puesto, elegido a través de Alta Dirección Pública.
La autoridad de la Comunidad Mapuche Williche Pepiukelen denunció que la autoridad solo convocó a empresarios y representantes del mundo privado, negándole a las comunidades la posibilidad de expresar sus críticas a la forma en la que se aplica la Consulta Indígena en el país.
Según la información, el organismo no solicitó antecedentes frente a la habilitación de una marina recreativa ubicada en las cercanías de la Comunidad Indígena Guaquel Marimán. El hecho representa un grave incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, indicaron desde Conadi.
Un negativo impacto en la comunidad local ha generado un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que emanó desde el Servicio de Evaluación Ambiental y que da luz verde al proyecto termoeléctrico Bocamina II. Esto a días de una nueva reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región, donde la iniciativa de la empresa sería sujeta a votación.
Esta acción busca que tanto organizaciones, agricultores y personas naturales puedan presentar sus reparos a la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ingresada por la minera Lumina Cooper, titular del proyecto Caserones, que busca emplazarse en una zona de agotamiento hídrico.
Este martes comienza a funcionar el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). La normativa busca dotar el servicio de una mayor credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, el reglamento ha recibido críticas, principalmente de los dirigentes indígenas, porque establece procedimientos para regular la Consulta a los Pueblos, pero también existen una serie de reparos que generan la preocupación de técnicos y ambientalistas.
Con desconfianza ven desde las comunidades indígenas la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de suspender la tramitación del proyecto hidroeléctrico Neltume, para que Endesa termine el proceso de consulta como lo establece el convenio 169 de la OIT.
La Superintendencia del Medio Ambiente ha recibido en su primer año de gestión más de mil denuncias en contra de proyectos que cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental vigente. La cifra llama la atención considerando que todas estas iniciativas han pasado por el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental, lo que pone en duda la eficacia del sistema.
