El BID, el Gobierno de Chile y países de la región discutirán en Santiago de Chile sobre las innovaciones digitales y su aplicación en la cadena de valor de seguridad ciudadana y justicia.
La Alianza llegó este jueves al Palacio de la Moneda para incidir en el proceso de priorización del Gobierno, buscando hacer ver su postura sobre las reformas políticas y planteando la seguridad ciudadana como su gran preocupación.
Este tipo de robo no solo afecta a los bancos, los cuales ahora deberán aumentar las medidas de seguridad para evitar estos delitos, además, el gobierno les aplicará una multa de 40 millones de pesos por cada cajero asaltado. Estos hechos delictuales también perjudican a los usuarios debido a una merma del 12% de estos aparatos y muchos aparatos que están encendidos, pero sin efectivo disponible.
El Fiscal Nacional subrogante, Alberto Ayala, descartó que las investigaciones por bombazos hayan fracasado: “son de larga data”, dijo para argumentar en favor de la demora de los resultados. A su vez, funcionarios de la institución exigen que el gobierno dote de mayores recursos al sistema para poder mejorar los procesos de investigación.
En el nuevo Plan de Seguridad Nacional se incluyen aspectos comunales, barriales y nacionales. El rol barrial es rescatado por los expertos, quienes aseguran la importancia de trabajar en ese nivel.
El Ejecutivo confirmó que estudia implementar la propuesta de observatorio judicial, presentada en el Programa de Evelyn Matthei. La idea fue rechazada por la Corte Suprema y desde la Nueva Mayoría lo ven como una nueva demostración de intervencionismo.
Un extenso debate se augura para esta jornada en el Senado, donde se votará la polémica “Ley Hinzpeter”. Los movimientos sociales han enfatizado en que esta iniciativa solo busca criminalizar las protestas y están atentos a su posible aprobación, debido al apoyo que podrían prestarle algunos senadores de la Concertación.
La última cuenta pública del Presidente Piñera no estuvo libre de polémicas. A los anuncios como el “Bono de Maternidad” y el envío de proyectos de ley que criminalizan las movilizaciones sociales, se suman las omisiones en temas medioambientales y de derechos humanos.
