El proyecto ingresado al Parlamento generó críticas de distintos sectores ya que no hace cambios sustantivos al sistema y mantiene la norma que permite al empresario retirar su aporte, cuando el trabajador es despedido por necesidades de la compañía.
La iniciativa defendida por el Gobierno fue aprobada por 90 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones.