Desde un “no es un gran cambio sustancial” hasta un “se mantiene la estructura y seguirá siendo a cargo de los trabajadores”, son algunas de la opiniones del economista Pedro Valdés y del dirigente sindical Manuel Ahumada Lillo, respectivamente, luego de conocer los aspectos centrales del proyecto de ley del Ejecutivo sobre los cambios al Seguro de Cesantía (SC).

En el Parlamento, la discusión está recién empezando y los temas más de fondo de la iniciativa requieren de un análisis más acabado, señaló el diputado de la DC, Alberto Undurraga que calificó de un “buen proyecto, porque flexibiliza el acceso” al seguro.

El lunes 5 de junio pasado, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que busca flexibilizar los requisitos de acceso al seguro de desempleo, tal como lo había anunciado el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública.

“Lo que se busca (con el proyecto) es robustecer este instrumento, como una herramienta de política pública tanto efectiva como solidaria y también sostenible”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, al exponer en la comisión del Trabajo, donde destacó que la propuesta  surge del acuerdo que alcanzó el Gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el marco de la negociación por el alza del salario mínimo.

Además, Jara dijo que la iniciativa fue revisada por la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, en la cual están representados trabajadores y empleadores, a través de sus organizaciones más representativas, la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Según se informó, en lo principal, el proyecto apunta a incrementar las tasas de reemplazo de las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

También propone aumentar las tasas de reemplazo y los límites mínimos y máximos de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y flexibiliza los requisitos de acceso a las prestaciones del Seguro de Cesantía de la Ley N°19.728, disminuyendo el requisito del número de cotizaciones registradas en la Cuenta Individual por Cesantía que permite el acceso a las prestaciones con cargo a la CIC.

En el caso del contrato indefinido o trabajador de casa particular, se rebaja de 12 a 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. En los contratos a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, se rebaja de seis a cinco cotizaciones mensuales continuas o discontinuas.

Al mismo tiempo, la iniciativa propone disminuir el requisito del número de cotizaciones registradas en la Cuenta Individual por Cesantía que permite el acceso a las prestaciones con cargo al FCS. En los contratos indefinidos o trabajador de casa particular se rebaja de 12 a 10 y las tres últimas cotizaciones realizadas deben ser continuas y con el mismo empleador.

Se mantiene la estructura

¿Este es el cambio que el sistema requiere? La consulta la planteamos a dos expertos en la materia, el economista Pedro Valdés y al presidente de la CGT, Manuel Ahumada.

Para Valdés, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y académico de la UTEM,  este proyecto se limita a ampliar la cobertura, pero no es una reforma de fondo del sistema.

“La propuesta de modificación a la administradora de los fondos de cesantía significa mejorar condiciones para trabajadoras y trabajadores, desde el punto de vista de ampliar coberturas, pero hay un tema de fondo que no se está solucionando” y eso está relacionado con el uso que hace el empresario de los fondos individuales de las y los trabajadores, indicó el académico.

Precisó que “cuando se creó este instrumento de apoyo a la cesantía se asume que es con financiamiento tripartito (trabajador, empresa, Estado), pero cuando el trabajador está despedido por necesidad de la empresa, Art 161, el empleador saca el dinero de la cuenta individual de cesantía del trabajador, por lo tanto se produce un menoscabo para el trabajador”.

Otro de los temas de fondo que no está abordando la propuesta oficial, aseguró Valdés, es cuando un trabajador tiene dos empleos y al mismo tiempo, tiene dos cuentas individuales. En ese caso, explicó que “si uno de esos contratos es con el sector público, la persona sólo va a poder retirar ese dinero cuando se jubile, por lo tanto ahí se produce una inequidad”.

Es decir, afirmó el académico, “el proyecto no es un gran cambio sustancial, creo que hay temas de fondo que se deben modificar”. Es el caso de los trabajadores del sector público, donde no se puede acceder al Seguro de Cesantía (SC).

“El trabajador que tiene contrato indefinido no tiene problemas porque lo más probable es que al final de su vida laboral tiene un bono de incentivo al retiro, pero las personas que están a contrata obviamente que no tienen ese beneficio, el contrato se renueva anualmente, pero en cualquier momento puede quedar sin empleo”, precisó.

Sobre la mayor flexibilidad para acceder al seguro, Valdés indicó que éste solo se limita a pedir menos requisitos en relación a los tiempos, es decir rebaja de 12 a 10 cotizaciones mensuales en los contratos indefinidos y de seis a cinco cotizaciones, en los contratos a plazo fijo.

Conserva los aportes de los empresarios

En concordancia con esta opinión, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Manuel Ahumada, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo sólo busca disminuir el número de cotizaciones para acceder a las prestaciones del seguro de cesantía.

“Sólo desde esa perspectiva, saludamos aquellos avances que de alguna manera apunten a mejorar en parte el acceso de los usuarios que se ven obligados, en momentos en que aumenta el desempleo, para acceder a recursos que le permitan afrontar las necesidades más urgentes”, dijo.

No obstante, Ahumada afirmó que esta propuesta no puede sacar del centro lo que acordó la CUT y el Gobierno “para avanzar en la eliminación de aquella norma del SC que permite a los empresarios retener para sí el aporte que hacen a dicho seguro cuando la causal de término de contrato de los trabajadores es el Art 161, lo que en el fondo implica la disminución en un 20 por ciento aproximadamente de la plata que el trabajador va a recibir por indemnización”.

En concreto, aseguró el dirigente sindical, en el proyecto del Ejecutivo “la actual estructura del seguro de desempleo se mantiene, porque la iniciativa no la toca y apunta a mantener la facultad patronal de retener el aporte que hicieron a los trabajadores al SC. La conclusión, por lo tanto, es clara: los trabajadores van a seguir pagando de su bolsillo el total de los aportes al seguro de cesantía para el caso del término de los contratos por el Art 161 del Código del Trabajo”.

Ahumada agregó que las demandas sostenidas por las distintas organizaciones, incluida la CGT, es exigir que el aporte que hacen los trabajadores de 0,6 por ciento al SC cuando los contratos son indefinidos, sean de cargo de los empresarios.

El dirigente afirmó que la iniciativa del Ejecutivo es “un avance pequeño si se considera lo que son demandas hechas por las organizaciones sindicales. Tendrán que ser la CUT y la CPC quienes den explicaciones de por qué el proyecto de ley no considera lo que fue puesto como uno de los principales acuerdos que se habría obtenido con el Gobierno, para la presentación de una iniciativa que cambiaba normas en el SC. En conclusión, nada de lo que informó la CUT se va a ver reflejado en el proyecto que fue presentado por la ministra del Trabajo”.

Ahumada afirmó que dado este escenario, a las organizaciones de los trabajadores no les queda otra salida que constituir sindicatos y entender que por la vía la presión se tiene que demandar “de la patronal el pago del 0,6 por ciento del aporte de los trabajadores al SC, que sea de cargo del empresario y también en los contratos colectivos de trabajo instalar un punto, dentro de lo que se demanda, de que en caso de término de contratos por el art 161 del Código del Trabajo no sea descontado de los finiquitos, ni de las indemnizaciones el aporte patronal al CS”.

En el Parlamento

Aunque el proyecto está en su trámite legislativo inicial, ya hay sectores que expresaron su apoyo a la iniciativa. Es el caso del diputado de la DC, Alberto Undurraga, que afirmó que “es un buen proyecto porque flexibiliza el acceso. Cuando se exige una cantidad de cotizaciones o antigüedad y eso disminuye, quiere decir que van a ser más las personas beneficiadas”.

“Me parece un buen proyecto. Todo lo que sea mejorar el acceso en materia de seguridad social o ampliar los beneficiarios, son proyectos que son necesarios, son positivos y lo único que uno tiene que revisar es si tiene el financiamiento necesario y en este caso lo tiene, por lo tanto es un muy buen proyecto en su conjunto”, acotó el legislador.

Consultado sobre las observaciones que hicieron Valdés y Ahumada a Radio y Diario Universidad de Chile sobre lo superficial que es la iniciativa, Undurraga indicó que “los proyectos hay que analizarlos en dos dimensiones. Primero por lo que tiene y segundo por lo que no tiene. Podemos estar de acuerdo en que lo tiene es positivo porque genera mejores condiciones de acceso para recibir el SC y en eso nadie puede oponerse”.

El otro punto dijo, tiene que ver “con otras causales de despido que es una discusión abierta y tenemos varios proyectos en la cámara sobre aquello y cada uno hay que analizarlo en su mérito. Nosotros hemos pedido la opinión tanto a equipos empresariales, como a dirigentes sindicales de manera tal que podamos tener una visión tripartita y vamos a esperar esa respuesta antes de referirnos a esos temas más de fondo”.

Finalmente, Undurraga insistió que en “materia de acceso (al seguro) es un avance y debiéramos aprobarlo”.

Sin duda que es una discusión que recién está comenzando y los principales actores y beneficiarios, los y las trabajadoras, tendrán que analizar si la iniciativa recoge los principales aspectos que habrían sido concordados entre el Ejecutivo y la CUT para avanzar en modificaciones al SC.