La adquisición fue cuestionada por 16 senadores y Human Rights Watch, que advirtieron sobre los riesgos médicos, el uso excesivo de la fuerza y la falta de supervisión sobre los agentes.
Un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe poner fin a los arrestos llevados a cabo en redadas de inmigración en Los Ángeles, “basándose únicamente en su raza, idioma hablado u ocupación”.
