El tribunal de alzada ordenó adoptar, en el plazo máximo de seis meses, todas las medidas conducentes a asegurar el acceso igualitario, digno y seguro de los educandos.
Análisis del Instituto de Políticas Públicas de la U. Andrés Bello muestra que brechas persisten y que puntajes se “extremaron” hacia el primer y último quintil de resultados, además de una caída en cuatro pruebas.
