La iniciativa unifica la asistencia judicial y la defensa de víctimas en un solo servicio nacional, con cobertura en todo el territorio. Su implementación comenzará de manera gradual en la zona norte 18 meses después de publicada la legislación.
La iniciativa es uno de los pilares fundamentales de la agenda de seguridad del Ejecutivo y también contempla la creación de la Defensoría de las Víctimas. El proyecto está orientado en la atención psicosocial y jurídica de quienes sufran delitos.
